Empleo
El Tratado Constitucional que deben ratificar los países miembros de la Unión Europea constituye otra oportunidad perdida para el progreso social y económico de Europa. Una vez más, los dirigentes europeos no han sabido liderar el continente y han permitido que los intereses nacionales se antepusieran al bien común europeo.
Como ya anticipaban los trabajos de la convención que preparó el borrador de tratado, se ha desperdiciado una excelente ocasión para dar un impulso decidido a la federación política de Europa. La Unión acomete de nuevo un enorme reto económico y social, el paso de 15 a 25 países, sin dotarse de los instrumentos políticos necesarios para garantizar el éxito de la iniciativa. En Europa la integración comercial y financiera sigue yendo por delante de los avances políticos.
Hasta hoy, aunque con altibajos, el invento ha funcionado. Tras la última ampliación, que no tiene parangón con las anteriores, las contradicciones entre los requisitos económicos que impone la Unión y su débil base política conducirán a la parálisis y pueden, en último término, estar en la raíz del declive definitivo del continente.
La ampliación hacia el Este va a provocar serias tensiones políticas y económicas en la Unión, puesto que exigirá una reducción de las políticas agrícola y de cohesión, y comportará cambios importantes en la localización de la industria europea. El proceso es potencialmente positivo para toda Europa, pero las tensiones están aseguradas.
Al mismo tiempo, la economía europea languidece debido a la lenta e incompleta implantación de las reformas decididas en Lisboa hace cuatro años. No se avanza en áreas tan cruciales como el mercado único energético, la legislación de mercados financieros y control corporativo, la eliminación de las ayudas estatales o la patente europea, por poner algunos de los ejemplos más paradigmáticos.
Tanto el desafío político que comporta la ampliación como el relanzamiento del programa de Lisboa exigen un salto cualitativo en el nivel de integración política de Europa. En el caso de la ampliación, porque la expansión al Este exige potenciar la Comisión Europea, el órgano que representa los genuinos intereses comunitarios, frente al poder de un Consejo Europeo en el que se reflejan cada vez más los intereses nacionalistas. Un Consejo en el que será muy difícil forjar el consenso en la Europa de los 25. Por desgracia, esto no es lo que aporta el nuevo texto constitucional, y el papel de la Comisión se sigue diluyendo.
Y en cuanto al programa de reforma económica, la experiencia indica que es imposible ir más allá en la creación de un verdadero mercado integrado europeo, si no se está dispuesto a renunciar a mayores parcelas de poder nacional. Don Cruickshank, un influyente ciudadano británico nada sospechoso de ser federalista, que durante varios años fue presidente de la Bolsa de Londres, lo reconocía abiertamente hace unos meses en el caso de los mercados financieros.
Declaraba en la prensa financiera que era preciso dejar de obtener un mercado único europeo si no se estaba dispuesto a conceder más poder político e instituciones genuinamente europeas. El Nuevo Tratado Constitucional queda muy lejos de este objetivo. Los dirigentes políticos europeos no pedirán el sí en el futuro referéndum, pero existen razones sobradas para devolverles el documento, y exigirles un nuevo intento, con mayor ambición y más liderazgo.
Autor: Jordi Gual, profesor del IESE - Artículo aparecido en Expansión el 24/9/04