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Kioto: entre la espada y la pared

01/06/2004

El sector eléctrico español se encuentra profundamente dividido. La principal siderúrgica de Europa, Arcelor, amenaza con la salida de sus empresas de la Unión. La CEOE alerta del cierre de decenas de fábricas y de la perdida de miles de puestos de trabajo. Estas son algunas de las reacciones en la industria ante la prevista entrada en vigor, en enero de 2005, de la Directiva que regula la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Con todo, y a pesar de las muchas dificultades, la UE sigue firme en su compromiso con el Protocolo de Kioto.

El pasado mes de mayo, la Comisión Europea anunció que actuará contra los 13 países, entre ellos España, que no han presentado a tiempo su Plan Nacional de Asignación (PNA) para el periodo 2005- 2007. Dicho plan, recogido en la Directiva de la Unión con la que se ratificaba el Protocolo de Kioto, debe regular en cada país las cuotas de contaminación de los diferentes sectores industriales: eléctrico, siderúrgico, papelero, refino de petróleo, cementero, cerámico, químico, textil, alimentario..., y tenía que entregarse el 31 de marzo de 2004. No fue así y España se ha comprometido a elaborarlo antes de julio.

Ni Portugal, Italia, Bélgica, Francia y Grecia presentaron sus proyectos respectivos, ni tampoco lo han hecho posteriormente los ya socios comunitarios Polonia, República Checa, Letonia, Estonia, Hungría, Malta y Chipre. No obstante la Comisión Europea, encabezada por la titular de Medio Ambiente Margot Wallström, ha asegurado que a pesar de los incumplimientos la cuenta atrás continúa.

Este uno de los últimos capítulos en la historia del controvertido Protocolo que lleva el nombre de la ciudad japonesa en el que se firmó en 1997. Su objetivo es frenar el calentamiento del planeta y el consiguiente cambio climático resultante, cuyos efectos son cada día más perceptibles tal y como señala la comunidad científica.

Para conseguirlo hay que controlar y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, y, muy especialmente, del dióxido de carbono (CO2). Un difícil reto que supondrá, entre otras cosas, el gasto de miles de millones de euros por parte de empresas y Gobiernos. Sin embargo, nadie se atreve a negar la importancia de un acuerdo vital para tratar de asegurar la vida en el planeta; Aunque hay quien, sin decirlo públicamente, está esperando la defunción de Kioto para rezarle un responso.

Frente a todos los puntos de vista que surgen, la comisaria Wallström insiste en cada una de sus comparecencias públicas: "“Kioto no está muerto, sólo está conteniendo la respiración”". Margot Wallström recuerda una y otra vez, que el compromiso de la UE con el desarrollo sostenible y con la propia directiva europea está claro. De esta forma, el Viejo Continente continúa siendo el abanderado de un pacto gravemente herido tras la negativa de la Administración Bush a ratificarlo en 2001 y la falta de un compromiso definitivo por parte de Rusia. El sí al compromiso llegó el pasado mes de mayo por parte del reelegido presidente ruso Vladimir Putin, a pesar de las indicaciones contrarias que le hicieros sus asesores. A cambio de esta actitud, Rusia recibirá apoyo de la Unión Europea para lograr entrar en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Compromisos y efectos

El avance, por tanto, continúa si bien el camino dista mucho de aparecer despejado. La ONU se enfrenta a las dificultades de los países no industrializados, cuyos índices de contaminación siguen en alza, así como los del principal país emisor de dióxido de carbono: Estados Unidos. La Unión Europea lidia con los retrasos y las diferencias entre sus ahora veinticinco países miembros. Y cada uno de estos sostiene su propia batalla con empresas y agentes sociales. Así, el Protocolo de Kioto se ha convertido en el tema estrella de este año para la economía, la política y la industria.

La entrada en vigor en enero de 2005 de la Directiva europea del mercado de emisiones, con la máxima de “quien contamina paga”, ha acentuado las diferencias y agriado el debate. Cada país y cada sector, según establezcan los distintos planes nacionales, tendrá asignada una cuota de emisión de gases, y, en caso de que quiera superar esta asignación, se tiene que comprar el derecho a sobrepasar los límites fijados. El precio de esos cánones está por determinar, aunque la mayoría de los cálculos lo sitúan entre los 20 y los 30 euros por tonelada emitida.

En esta Directiva, aprobada por todos los miembros de la UE en 2002, España se comprometió a lanzar 330 millones de toneladas de CO2 en 2012, un 15% más de las registradas en 1990, año que se utiliza como referencia. Sin embargo, las emisiones españolas superan ahora mismo en un 35 % las previsiones realizadas; de hecho, la Agencia Europea del Medio Ambiente ha reflejado en un reciente informe que España aparece como el país comunitario que menos reduce sus emisiones de gases. Hay que reconocer que los resultados del resto de países tampoco son muy alagüeños: en todo el conjunto de la UE sólo se ha logrado recortar esta cifra en un 2.3%.

Las previsiones europeas indican que únicamente Reino Unido y Suecia están preparados para cumplir los objetivos que se han marcado. El caso británico se utiliza ya como referencia en multitud de foros: las autoridades de este país han realizado su plan de asignaciones y han otorgado abundantes derechos a todas las industrias dejando en manos de las eléctricas la principal reducción de emisiones. Finlandia, Francia, Grecia e Irlanda también podrían cumplir si adoptan las medidas adicionales que, en su día, ya fueron identificadas. H

olanda estaría mal encaminada, según plasman los datos de esta agencia medioambiental. El resto de miembros, y especialmente España, no lo conseguirán. No obstante, el Gobierno es optimista y el propio Rodríguez Zapatero, en su discurso de Investidura, aseguró que el cumplimiento del protocolo es una prioridad nacional. Fácil no parece.

El informe “Efectos del Protocolo de Kioto en la Economía Española” de la consultora internacional PricewaterhouseCoopers (PwC) estima que se producirá un exceso de emisiones contaminantes de entre 110 y 157 millones de toneladas anuales de CO2, "“dependiendo de si se adoptan o no medidas de reducción”". Con ello, se superaría entre un 33% y un 47% el objetivo de los 330 millones de toneladas. PwC cifra en 19.213 millones de euros su coste para la economía española en el periodo 2008-2012, entre compra de emisiones y aplicación de nuevas tecnologías menos contaminantes.

La directiva de emisiones "“tendrá un impacto significativo sobre la inflación de un 2,7%. El sector más afectado será el del transporte, con un total de emisiones de 138,7 millones de toneladas de CO2, seguido del eléctrico con 85,5 millones de toneladas"”. Además, la consultora llama la atención sobre la posibilidad de que se produzca una deslocalización de la industria en la Unión Europea.

Los estudios y las cifras se suceden. El sindicato Comisiones Obreras (CC OO) también ha elaborado su propio informe, según el cual el exceso de emisiones en 2010 alcanzará los 113 millones de toneladas, un 34% por encima del objetivo de Kioto, con un coste anual en la compra de emisiones de 3.600 millones de euros. Para Joaquín Nieto, secretario confederal de Medio Ambiente de CC OO, "“los Gobiernos del PP dejan una grave herencia, como lo demuestra el dato de que entre 1996 y 2003 las emisiones aumentaron un 32,43%, duplicando así el tope del 15%. Sin embargo, cumplir con el Protocolo aún es posible y para ello se debería llegar a un pacto de Estado"”.

Desde el sindicato señalan que “"cumplir con Kioto es una excelente oportunidad para crear empleo, promover la innovación tecnológica, mejorar la competitividad empresarial, reducir la dependencia energética y avanzar hacia la sostenibilidad”". Es más, Joaquín Nieto afirma que el coste de no actuar será muy superior al de las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y prevenir sus efectos.

Por su parte, la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) calcula que hacer frente a los compromisos del Protocolo de Kioto supondrá a la industria española cerca de 4.000 millones de euros al año a partir de 2005, cifra equivalente al 0,6 por ciento del PIB. Desde la patronal afirman que “"estos gastos estarán destinados a la compra de derechos de emisión y a la adecuación del tejido industrial, con el consiguiente impacto en la productividad y la competitividad española"”.

Los datos y las valoraciones difieren pero el diagnóstico es similar: a día de hoy es casi imposible que España cumpla. Los sectores afectados se quejan de que los compromisos fueron mal calculados. La CEOE advierte que "“será imposible que España cumpla los términos actuales del Protocolo si no se hace un uso sin limitaciones de los mecanismos de flexibilidad contemplados en el acuerdo"”. Para la patronal la única manera de proteger la competitividad de las empresas pasa por la asignación de cuantiosas partidas presupuestarias, de carácter plurianual, para preservar la competitividad de las actividades empresariales afectadas.

Sin contar, dicen desde la CEOE, "“el riesgo de incremento de fugas de empresas de la Unión Europea hacía otros países”". Sin embargo, y en contra de las peticiones de la CEOE, la Unión Europea ha abogado siempre por una rigurosa aplicación de Kioto, limitando el uso de los llamados mecanismos de flexibilidad que permiten a los países cumplir parcialmente con sus objetivos reductores.

Alta tensión

El sector eléctrico es uno de los más contaminantes debido a los combustibles utilizados para generar luz, de hecho produce más del 55% de las emisiones de gases que hay que regular. En España casi un tercio de la electricidad se genera a partir del carbón. El año pasado, pese a que las centrales hidráulicas funcionaron a pleno rendimiento gracias a las fuertes lluvias, el 37% de la producción eléctrica provino de plantas a carbón, cuyos niveles de emanaciones de CO2 casi triplican a los de las centrales a gas natural.

Los analistas coinciden en que el descenso deseado pasaría por una transformación de la industria, pero esto siempre motivando una dura batalla con las posiciones enfrentadas de los diferentes productores. Fuentes del sector indican que “"cada empresa ha tomado partido en función de su parque de producción. Endesa y sus socios tienen mucho carbón, Iberdrola combina plantas de gas con producción hidráulica y nuclear, que no emiten CO2, y Gas Natural sólo tiene ciclos combinados, que contaminan menos que el carbón”".

Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo (que suman el 68% de la producción eléctrica española) creen que el coste de reducir emisiones hasta permitir el cumplimiento de Kioto sería excesivo y apuestan por mantener las centrales de carbón. Para Endesa, primera eléctrica española, "“asumir la Directiva europea podría incrementar los costes del sector en más de 1.200 millones de euros al año"”. Rafael Miranda, consejero delegado de Endesa, cree además que "“ninguna eléctrica debe aprovechar el Protocolo de Kioto para enriquecerse, gracias a disponer de parques de producción menos contaminantes que otros"”.

Unión Fenosa, la tercera eléctrica más grande de España, señala que la tarifa de la luz tendría que subir un 15% para cubrir ese esfuerzo y dice que el gobierno debería renegociar con Bruselas su compromiso de contener las emisiones de CO2 contempladas en el Protocolo para evitar que se perjudique la competitividad de la industria nacional.

Por su parte, Iberdrola (segunda eléctrica española con un 30% de la producción) se ha convertido en la gran defensora del Protocolo, no en vano cuenta con el parque de producción más adecuado para enfrentarse a Kioto: centrales hidráulicas, nucleares, ciclos combinados de gas y parques eólicos. Desde la compañía se mantiene que “"sustituir casi todas las centrales de carbón por ciclos combinados que funcionan con gas es factible económicamente y permitiría cumplir con Kioto. Así quedarían tranquilas otras industrias"”. Ignacio Sánchez Galán, consejero delegado de Iberdrola, se ha mostrado además firme partidario de aplicar la doctrina de que “"quien contamina paga"”.

Un informe encargado por Iberdrola a una consultora internacional cifra entre 8.500 y 9.500 millones de euros el coste de un incremento de las emisiones contaminantes en los próximos diez años por encima del objetivo comprometido. El informe respalda uno de los grandes argumentos de Iberdrola: la economía española perdería competitividad si se incumple el Protocolo.

Para Galán, “"Kioto es la solución y no el problema. España tiene ante Kioto un reto muy importante para no incurrir en un coste directo muy alto, 7.000 millones de euros en 2005-2012 si no se cumplen los compromisos, ante el que las eléctricas tienen la obligación de incrementar el uso de tecnologías medioambientalmente más eficientes, evitando que otros sectores más expuestos a los mercados internacionales puedan ver dañada su competitividad y, por tanto, estar tentados a realizar deslocalizaciones”".

En Iberdrola son partidarios de que el sector eléctrico libere derechos en beneficio de aquellas empresas que compiten en los mercados internacionales y que el Gobierno sobreasigne esos derechos de emisión al resto de sectores que deberán regular sus emisiones y que, a juicio de Iberdrola, tienen menor capacidad de adaptación tecnológica.

Por último, la recién llegada al sector de la producción eléctrica, la compañía Gas Natural, ha irrumpido en la discusión con un mensaje cercano al de Iberdrola, pero menos radical. Ambas compañías coinciden plenamente en el reparto de emisiones: consideran que cada instalación debe tener un límite máximo y pagar si se sobrepasa. En este sentido, desde Iberdrola se afirma que “"el PNA (Plan Nacional de Asignaciones) no debería penalizar a las empresas que han estado realizando elevadas inversiones en energías”". Como no podía ser de otro modo, Endesa prefiere una bolsa conjunta de derechos de emisión en el sector para que ninguna empresa se beneficie.

Malos humos

Pero no es el sector eléctrico el único afectado. El pasado 15 de enero la siderúrgica Arcelor presentó una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo contra la Directiva comunitaria sobre derechos de emisión de CO2. La principal queja de Arcelor es que la Directiva europea no permite cerrar una planta en un país ni utilizar los derechos de emisión liberados en otro Estado comunitario.

No ha sido la única reacción polémica de la multinacional. Guy Dollé, uno de sus consejeros delegados, anunció recientemente, la más que posible salida de diferentes fábricas de la Unión Europea hacía países menos comprometidos con el Kioto. El presidente de Aceralia y vicepresidente de Arcelor, José Ramón Alvarez Rendueles, ha asegurado en este sentido que "“no habrá problemas de desinversión en España, aunque si el grupo se ve obligado a adquirir derechos de emisión lo lógico sería irse a otro sitio para abaratar costes"”. Desde Arcelor se apuesta por flexibilizar y jugar con los plazos exigidos por la Directiva europea.

Álvarez Rendueles se ha mostrado convencido de que Kioto "“no va a alcanzar el umbral mínimo de acuerdo entre los países europeos para ponerse en marcha según los plazos fijados”". Asimismo, ha asegurado que el nivel actual de emisión de gases contaminantes que registra España hace difícil el cumplimiento y ha enfatizado que el verdadero problema se halla en el transporte y el consumo de las familias. Para Álvarez Rendueles "“si bien el protocolo de Kioto tiene sentido, no se pueden pasar por alto los costes y la pérdida de competitividad que supondría su aplicación"” La misma opinión es la manifestada desde la patronal siderúrgica UNESID.


KIOTO Y LA INDUSTRIA CERÁMICA

La industria azulejera española se enfrenta a un grave problema en los próximos años, que le puede suponer una fuerte pérdida de competitividad y la consiguiente reducción de actividad. Así de tajante se muestra Fernando Diago, presidente de ASCER (Asociación de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos). Para esta organización empresarial, "“el sector cerámico, responsable sólo del 0,9% de las emisiones de CO2 de España, está utilizando actualmente las mejores técnicas disponibles en cuanto a ahorro y eficiencia energética y sólo podría reducir sus emisiones a costa de frenar su producción o comprando derechos de emisión”".

La industria considera de vital importancia prevenir el cambio climático pero teme los efectos sobre el crecimiento y el desarrollo de la industria azulejera. Según afirma Fernando Diago “"la industria azulejera española se verá obligada al cierre o deslocalización de 64 plantas –sobre un total de 265–, con la destrucción de 5.800 puestos de trabajo directos, y sufrirá un recorte de su facturación equivalente al 27% –más de 1.100 millones de euros–, si España aplica la directiva europea de comercio de emisiones”". Esas son, al menos, las conclusiones del estudio encargado por ASCER a la consultora PriceWaterhouse Coopers (PwC). Según este informe, los fabricantes de azulejos y pavimentos cerámicos tendrán que comprar derechos de emisión de CO2 por importe de 72 millones de euros anuales a partir de 2008.

En opinión de Fernando Diago "“si las azulejeras provocan el 1,9% de las emisiones de todos los sectores regulados y las eléctricas el 60%. ¿Quién tiene mayor capacidad para asumir las asignaciones?"”. El presidente de ASCER mantiene, además, que las empresas no tienen tamaño para deslocalizar producción, por lo que el pago de tasas de contaminación hará que deban reducir su producción.





Breve historia de un Protocolo

1990. Primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). Los científicos alertan sobre el calentamiento global del planeta a consecuencia del efecto invernadero provocado por la emisión de gases contaminantes, la lluvia ácida y la destrucción de la capa de ozono.

1992. Durante la celebración de la Cumbre de la Tierra organizada por la ONU en Río de Janeiro (Brasil) se establece la prioridad mundial de enfrentarse a las consecuencias del cambio climático.

1994. Entra en vigor el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático alcanzado en la Cumbre de Río. Su objetivo final es evitar que una “interferencia” humana en el sistema climático amenace la naturaleza, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico.

1995. Berlín. 160 países firman un documento que establece la voluntad de reducir los gases que causan el efecto invernadero.

1997. Cumbre de Kioto (Japón). Se fijan compromisos concretos y un calendario de actuaciones para cumplir el convenio marco. Así nace el Protocolo de Kioto. Este acuerdo vinculante a todos los países firmantes establece que durante el periodo 2008-2012 se reduzcan las emisiones de los seis gases que más potencian el efecto invernadero.

1999. Durante la celebración de la Cumbre de Bonn se ponen de manifiesto las grandes diferencias que separaban a países ricos y pobres a la hora de enfrentarse a la reducción de emisiones.

Marzo de 2001. El Gobierno norteamericano de George Bush se niega a ratificar el acuerdo y da Kioto por muerto si bien se compromete con la UE y la ONU a no interferir en su cumplimiento.

Julio de 2001. 180 países firman el Acuerdo de Bonn, abriendo una puerta para completar los detalles legales del Protocolo.

Mayo de 2002. La Unión Europea ratifica ante Naciones Unidas su compromiso con el cumplimiento del Protocolo de Kioto.

Enero 2005. Fecha prevista de entrada en vigor de la directiva europea del mercado de emisiones.

2008-2012. “Primer periodo de compromiso” del Protocolo de Kioto en los países industrializados.



Principales gases de efecto invernadero:
Dióxido de carbono (CO2)
Metano (CH4)
Óxido nitroso (N2O)
Hidroflurocarbonos (HFC)
Perflurocarbonos (PFC)
Hexafloruro sulfúrico (SF6)