Empleo
La Administración Pública no quiere ser el vagón de cola de la Sociedad de la Información (SI). Para ello cuenta, desde el año 1992, con un cuerpo especial de funcionarios encargados de la informatización de los distintos organismos y también de la implantación en éstos de las nuevas tecnologías.
Ese mismo año se crea ASTIC, la asociación que agrupa a estos profesionales y cuyo presidente es David Martín. Desde sus inicios esta agrupación ha luchado porque el timón del desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Administración esté en manos de tecnólogos y no de cargos políticos.
¿En qué consiste el trabajo de los funcionarios del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado?
Los técnicos de la Sociedad de la Información y la Comunicación tenemos como cometido principal la dirección y gestión de los departamentos y proyectos relativos a los Sistemas de Información y las Comunicaciones de las Administraciones públicas.
Nuestro objetivo es la mejora de los servicios prestados a los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que durante décadas la Administración ha carecido de perfiles técnicos adecuados para llevar a cabo su propio acceso a la SI.
En los años setenta, con los inicios de la automatización, funcionarios de diversos cuerpos con alguna formación académica técnica se hacen cargo de pequeñas unidades cuya misión consistía en empezar a informatizar las tareas. Pero eran pocos y no estaban cohesionados. Con lo cual, ya desde el origen, cada organismo hace la guerra por su cuenta sin articular una política común de desarrollo.
Por eso, cuando llega la década de los ochenta y el procesamiento de datos se hace imprescindible, la Administración tiene que recurrir a contratar especialistas externos. Hoy, diez años después de la creación del Cuerpo, siguen faltando funcionarios con el perfil adecuado.
Además, aunque los técnicos ocupamos la dirección de unidades concretas, se nos mantiene alejados de los centros de toma de decisiones. De ahí que nuestro lema siga siendo la mejora de las TIC por parte de los técnicos en la Sociedad de la Información y la Comunicación, es decir, por los tecnólogos.
¿Cuál es la situación actual de la Administración española en lo que a las nuevas tecnologías se refiere?
La Administración, entendida no sólo como la estatal sino también como la autonómica y la municipal, es un gigante difícil de mover. Lo primero ha sido ir informatizando todos los servicios. Hoy, por ejemplo, existen en Hacienda y en el Ministerio de Administraciones Públicas unas bases de datos, de nóminas y programas de contabilidad muy desarrolladas.
En Turismo, donde yo trabajo, también se está avanzando mucho. Pero la ausencia de una política común de desarrollo interministerial, y no digamos ya con otros organismos autónomos o con los ayuntamientos, dificulta no sólo que esas bases de datos se apliquen a todos, sino que la Sociedad de la Información avance como debería.
En ese contexto es indudable que la llegada de Internet ha supuesto un nuevo reto para las distintas instituciones. ¿Cómo está afectando a los servicios públicos?
Ahora mismo están en marcha programas muy útiles, como la posibilidad de hacer la declaración de la renta por Internet, pero todavía son muy pocos los trámites que se pueden realizar por esta vía. El futuro tiene que traer la generalización de este tipo de servicios, de tal forma que llegue el día en que los trámites por vía telemática, incluyendo la firma electrónica, puedan sustituir casi completamente a los trámites presenciales y, en consecuencia, facilitar la vida de los ciudadanos que quieran elegir este nuevo sistema.
Uno de los obstáculos para la implantación de la firma electrónica, que no sólo afecta a la Administración, sino también a todo el futuro de la Sociedad de la Información, es la seguridad.
Es cierto que la seguridad es una las grandes asignaturas pendientes. Pero no deja de ser una cuestión de tiempo. Es decir, la seguridad tecnológica ya existe técnicamente hablando. Desde el gobierno se está trabajando en la creación de un documento único propio, que por lógica tiene que ser el DNI.
Una vez implantado, el ciudadano podrá realizar todos los trámites burocráticos, independientemente del ministerio al que correspondan, desde su ordenador, que incluirá, seguramente en el teclado, una ranura especial para estos nuevos carnés. Esta tarjeta identificativa debería llevar un chip único, con todas las garantías de seguridad, e incluiría la firma electrónica. Si se plantea y se desarrolla bien funcionará correctamente.
¿Cuáles son las principales ventajas que puede encontrar el ciudadano en estos nuevos servicios?
Fundamentalmente la simplificación administrativa. Por una parte, ahorramos en papel y en trámites. Por la otra, el ciudadano accederá de forma instantánea a la información que requiera de sus expedientes desde cualquier punto de la Red sin necesidad de desplazamientos. Estas ventajas son básicas. La burocracia dejará de ser lo que era.
A pesar de estas ventajas innegables, en la sociedad existen aún unas barreras mentales que están frenando el establecimiento general de estos servicios, ¿cómo se pueden vencer?
Más que vencerlas se trata de ofrecer alternativas que los ciudadanos encuentren más cómodas, sencillas y fiables. En el momento en que seamos conscientes de esas facilitaciones las barreras mentales desaparecerán. Aunque seguramente no para todo el mundo, ya que la universalización de las nuevas tecnologías dista mucho de ser completa. Por eso, durante un cierto periodo de tiempo habrá que mantener los cauces convencionales.
¿Cuáles son, según ustedes, las principales carencias de la Administración cuando hablamos de Tecnologías de la Información y la Comunicación?
Ahora mismo no existe una estrategia global aplicable a cada organismo. Hace falta un plan general para el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración. Y hay que tener en cuenta toda la parte interministerial. Existen en estos momentos problemas de coordinación entre los distintos ministerios, mientras unos están avanzando otros corren el riesgo de quedarse rezagados.
Hay dos ejemplos claros que van a la cabeza de la SI en España: la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Por el contrario, otras instituciones tienen todavía mucho camino por recorrer. Según la Ley 30/92 sobre procedimiento administrativo, no se debería pedir a los ciudadanos la documentación que ya esté en poder de la Administración siempre y cuando los medios técnicos lo permitan.
La tecnología existe y, sin embargo, los ciudadanos tienen que presentar los mismos documentos muchas veces en distintos organismos. Con un adecuado programa los datos entre las distintas administraciones podrían compartirse. No obstante, chocamos aquí con un problema de carácter jurídico.La protección de datos, amparada por nuestra actual legislación, es una cuestión esencial. Por eso, hay que articular un sistema que establezca claramente qué tipo de información se puede compartir y cuál no.
¿Cuáles son las soluciones para llevar a cabo esta interconexión?
Existen varias posibilidades, la creación de una Agencia de técnicos de la Sociedad de la Información y la Comunicación con presencia en cada ministerio puede ser una ellas. De esta forma se articularía un sistema más cohesionado, más común. Hay que discutir las distintas posibilidades pero no podemos dejar pasar el tiempo en balde.
Lo importante es determinar una línea de evolución conjunta, no sólo entre los ministerios, también entre las distintas administraciones autonómicas y municipales. Existen varios proyectos interministeriales que ya podrían ponerse en marcha.
Las personas que trabajamos en la Administración, sobre todo aquellas que desempeñamos cargos de responsabilidad, hemos de ser conscientes de que el futuro de España en la Sociedad de la Información depende de nuestro trabajo diario. No se puede exigir a los particulares ni a las empresas que realicen un esfuerzo por subirse al carro de las nuevas tecnologías si desde los organismos públicos no se les da ejemplo y se les apoya.
Fuente: Mª José García
Técnicos versus políticos
Durante el año 2002, los funcionarios agrupados en ASTIC llevaron a cabo una batalla en distintos frentes para conseguir que la Dirección General de la Sociedad de la Información (DGSI), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, estuviera en manos de un funcionario de carrera con perfil técnico. Ganaron a medias.
Por una parte consiguieron, tras el cambio de Anna Birulés por Josep Piqué al frente del ministerio, que Borja Absuara, originariamente nombrado para el cargo, fuera sustituido por Leopoldo González-Echenique, funcionario de carrera pero no tecnólogo.
La DGSI tiene entre sus funciones la elaboración de programas para fomentar el acceso de los ciudadanos a la Sociedad de la Información y, también, la gestión para promover el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos. ASTIC lucha porque los puestos de responsabilidad de la Dirección estén ocupados por técnicos y no por cargos políticos.
Los funcionarios agrupados en esta asociación afirman no entender por qué "desde el Gobierno se cuenta con nosotros para informatizar un ministerio pero no para llevar a cabo planes estratégicos. Los ministros prefieren trabajar con funcionarios de su confianza más que con los expertos en las nuevas tecnologías. Ese es el gran problema de Info XXI. A este mal entendido corporativismo político hay que añadir la falta de planes de desarrollo común".
En cuanto a Info XXI, es el programa puesto en marcha por José María Aznar en 2001 para dirigir desde la Administración la entrada de España en la Sociedad de la Información. En más de una ocasión David Martín ha declarado que "nosotros, los técnicos, somos como los médicos ante el enfermo: sabemos que si se paran las máquinas, se para la Administración. Por eso seguiremos exigiendo un currículo competente para los puestos relevantes".
Un ejemplo turístico
Además de presidente de ASTIC, David Martín es coordinador del área de la subdirección general de calidad e innovación turística del Ministerio de Economía. Su labor principal consiste en la selección, contratación, seguimiento y desarrollo de los planes tecnológicos encuadrados dentro de la Oferta Pública de Servicios. El proyecto de referencia es el portal de Turismo Español spain.info (http://www.spain.info).
Según afirma David Martín, "este espacio, que concluirá en diciembre de 2003, se articula en torno a un portal configurado como una factoría de contenidos. Se trata de un amplio inventario de información turística creado por una multiplicidad de agentes: Administración general del Estado, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado".
El portal ofrece 86 categorías de información, 56.000 fotografías, 200 instantáneas panorámicas, más de 2.300 minutos de vídeo, 21 visitas virtuales, 754 localidades cartografiadas, 36 infografías animadas, 1.000 reportajes interactivos y más de 150 reportajes con locución, entre otros contenidos. Se trata de una herramienta multicanal (TV interactiva, WAP, PDA, banda ancha...) que estará disponible en varios idiomas (cuatro en la actualidad, nueve en el futuro).
Diseñado para dar servicio a 20.000 usuarios por hora, se estima que a finales de 2003 lo habrán visitado más de 90 millones de personas. El portal incluirá una extranet para comercio electrónico, que ofrecerá interconexión y relaciones B2B entre los agentes del sector turístico, y una intranet que permitirá a la Administración ofrecer liderazgo continuado y soporte a su red de 31 Oficinas Españolas de Turismo.
Para David Martín, "el impacto que en el sector turístico tiene Internet es importantísimo. Su potencial es muy alto porque hablamos de una actividad en la que compradores y vendedores siempre están distantes y necesitan comunicaciones fiables y expresivas para poder desarrollar su negocio".
"En la actualidad -sigue Marín- se está avanzando a buen ritmo, sobre todo en comparación con otros sectores". Para consolidar estos progresos, afirma, "es necesario crear una oferta tecnológica competitiva y de fácil implantación que permita a los empresarios de una industria tan fraccionada como ésta disponer de servicios de comunicaciones avanzadas sin necesidad de disponer de personal especialista en este campo".
Otros ejemplos
Junto al portal de la Dirección de Turismo, existen en la Administración Pública otros programas dirigidos a la implantación y desarrollo de la Sociedad de la Información. Quizás el más emblemático haya sido el llevado a cabo por la Agencia Tributaria que permite a los contribuyentes la elaboración y presentación de la Declaración de la Renta a través de su página web. Pero, hay otros ejemplos del impacto de las nuevas tecnologías:
¿Es posible acreditar fehacientemente la identidad de una persona en el mundo electrónico? La respuesta parece ser afirmativa siempre que se cuente con un equivalente electrónico del DNI o pasaporte y con un mecanismo que permita atestiguar la identidad de su portador mediante la firma electrónica.
El Gobierno español ha puesto en marcha un programa dirigido a la creación de esta nueva tarjeta identificativa. Para dotar de todos los mecanismos de seguridad al futuro carné electrónico se está trabajando con la tecnología PKI de criptografía de clave pública. En un principio el proyecto del DNI cibernético tendrá un periodo de prueba con una implementación reducida que después se extenderá gradualmente a todo el territorio nacional.
La Tesorería General de la Seguridad Social, por su parte, está inmersa en un proceso de renovación de su modelo de gestión. Su objetivo es proporcionar tanto un servicio presencial como un nuevo servicio interactivo, disponible a través de la página de Internet. En ella, el ciudadano y el profesional pueden consultar información y realizar diversos trámites, sin necesidad de desplazarse a una oficina.
Entre los servicios ofrecidos a través de este portal destacan la obtención de informes de vida laboral, la consulta de las cotizaciones realizadas, el cambio de domicilio, el envío de documentos de cotización y afiliación on-line (Sistema RED), la recaudación ejecutiva (consulta del expediente de deuda), la admisión de recursos, la obtención de documentos de afiliación y cotización o la descarga de modelos de solicitudes diversas.