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Grandes obras con coste medioambiental cero

01/12/2004

Las grandes obras de ingeniería tanto públicas como privadas tienen un efecto directo en el medio ambiente. Desde el Protocolo de Kioto al Real Decreto Ley de Evaluación Ambiental la legislación internacional y nacional obliga, especialmente a las compañías constructoras, a minimizar los daños sobre el entorno. Esta es la teoría, pero ¿cómo se lleva algo tan primordial a la práctica?

“Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que biuen en este mundo, son estas: el ayre, e las aguas de la lluvia, el mar, e su ribera”. Así hablaban ya en el temprano S. XIII las Partidas del rey Alfonso X del patrimonio en común, de esos bienes naturales que hay cuidar con el máximo celo porque son de todos. Documentos de la época narran como un ciudadano londinense fue acusado de quemar carbón en el interior de la ciudad. Casos como éste demuestran que el cuidado y la protección del medio ambiente están intrínsicamente unidos al desarrollo del ser humano y a su actividad constructora.

Trasladada esta inquietud a nuestros días, la Administración española ha creado una serie de normativas (amparadas en las directrices y exigencias de la Unión Europea) que persiguen proteger el medio ambiente cuando se acomete una obra de gran calado ya sea pública o privada. De esta forma las autoridades tienen desde el año 2000 una herramienta que sirve para conocer el posible impacto de un proyecto en el entorno y decidir sobre la conveniencia (o no) de dar luz verde a ese desarrollo.

Se trata de la Evaluación de Impacto Ambiental, un instrumento legislativo que asegura por ley que las opciones del proyecto analizado sean satisfactorias y sostenibles desde el punto de vista ambiental. Este instrumento permite afrontar los problemas medioambientales de forma eficaz, reduciendo el nivel de impacto de los proyectos o considerando otras alternativas al desarrollo propuesto que se incorporarán al diseño inicial.

Retraso histórico medioambiental

No resulta nada novedoso explicar que España ha tenido un retraso histórico en legislación medioambiental. Sólo desde el año 1986 se viene aplicando una normativa que evalúa la incidencia que tienen en la naturaleza determinadas construcciones y proyectos. Esta legislación ha ido sufriendo modificaciones en este tiempo, hasta dar lugar al actual Real Decreto Ley 9/2000 de Evaluación de Impacto Ambiental, que es el que está en vigor en estos momentos y que según comentan en el Ministerio de Medio Ambiente "“no está previsto, en principio, que sufra ninguna modificación a lo largo de esta legislatura. Aunque tampoco se puede descartar totalmente”". De momento, a la actual titular del ministerio, Cristina Narbona, le parece que esta normativa cumple con su cometido.

Una de las principales virtudes de este Real Decreto es que ampliaba considerablemente, respecto a 1986, los requisitos medioambientales que tienen que cumplir todas las infraestructuras que se construyen en España. Además, se introducía un procedimiento más objetivo para determinar, caso por caso, los desarrollos que tienen que evaluar sus consecuencias en la naturaleza.

En definitiva, se protegía mucho más al medio ambiente (ver recuadro) de repercusiones no deseadas. A modo de resumen podemos decir que se trataba de establecer las reglas de juego dentro de un mercado, el del medio ambiente, que según la Administración mueve en España más de 14.000 millones de euros, incluyendo los sectores emergentes (energías renovables, turismo ecológico y otros), que, por cierto, representan ya el 25% de esta cantidad.

Sin embargo, no todo son parabienes; también hay voces que añaden un punto crítico a esta regulación: “"En legislación medioambiental tenemos sólo dos décadas de experiencia cuando Estados Unidos o Canadá tienen medio siglo. Y en este tiempo tan escaso no se ha regulado casi nada. El Real Decreto es interesante porque delimita algo que antes no existía, pero le hace falta una mayor concreción en forma de reglamentos específicos. Hay actuaciones que todavía no se exigen a las empresas, como, por ejemplo, un estudio concreto sobre el impacto que tiene el proyecto de obra en el ecosistema”", analiza Santiago Hernández, ingeniero de caminos y catedrático de proyectos e ingeniería y medio ambiente de la Universidad de Extremadura.

Mientras esto sucedía en España, la Unión Europea, en el año 2002, aprobaba el Sexto Programa de Acción Comunitaria en materia de medio ambiente con el título Medio ambiente 2010: nuestro futuro, nuestra elección que se inicia el 22 de julio de 2002 y abarca un periodo de diez años.

Los objetivos responden a las prioridades clave en materia medioambiental que debe afrontar la Unión y se centran en cuatro áreas: el cambio climático; naturaleza y biodiversidad; medio ambiente, salud y calidad de vida; y recursos naturales y residuos. Este programa recalca la importancia de implicar a los ciudadanos y a las empresas mediante fórmulas innovadoras. Otro aspecto a destacar es la colaboración con las industrias y los consumidores para lograr formas de producción y consumo mucho más respetuosas con el entorno.

Todo esto se produce con el famoso Protocolo de Kioto de fondo, que limita la emisión de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso, metano y tres gases industriales) que España puede lanzar a la atmósfera. Este Protocolo nos permite, en el periodo 2008-2012, aumentar un 15% las emisiones de gases respecto a las que producíamos en 1990, año que el tratado toma como referencia. El problema es que ya superamos en un 40% los niveles de 1990 y somos el país europeo más alejado de cumplir Kioto.

Tanto es así, que el plan por el cual se deben limitar estas emisiones aún no está redactado. Únicamente Grecia, en toda Europa, está en una situación similar a la española. ¿Cómo afecta esto a la industria? Para el periodo 2005-2007 se ha establecido un objetivo global para España de 400,7 millones de toneladas emitidas como promedio anual, lo que supone una reducción del 0,2% respecto a las emisiones de 2002 (401,34 millones).

Un esfuerzo que recae, sobre todo, en las industrias más contaminantes como eléctricas, refinerías, cementeras o papeleras, que representan el 40% de las emisiones globales. El coste para la industria, según el Ministerio de Medio Ambiente, se sitúa en torno a los 85 millones de euros anuales.

El caso práctico de ACS Dragados

Ni que decir tiene que todas estas buenas intenciones manifestadas en el tratado tienen que tener una traslación directa al día a día de las empresas, especialmente de las compañías constructoras. Un buen ejemplo de cómo se minimiza el efecto sobre el medio ambiente nos lo puede dar una constructora de la dimensión de ACS Dragados.

“"Antes del inicio de una obra, en la fase de proyecto, se realizan estudios de impacto ambiental que analizan de forma exhaustiva parámetros como paisaje, patrimonio histórico y arquitectónico, flora y fauna, calidad del aire, calidad de las aguas y confort social. Después de estudiar los posibles efectos que las obras podrían tener sobre estas variables, se establecen las iniciativas correctoras que deberían llevarse a cabo, así como el programa de vigilancia ambiental que garantice el cumplimiento de las acciones programadas. Éstas se diseñan en función de las condiciones específicas de cada proyecto. Eso sí, las más frecuentes son la restauración de elementos dañados, la revegetación y la gestión de los residuos de obras”", explican en ACS Dragados.

De hecho, la constructora elabora un plan de gestión medioambiental para cada proyecto constructivo que emprende y que, junto con la ejecución, forma parte de la planificación integral de la obra. Este plan identifica primero los condicionantes ambientales del desarrollo (estacionalidad, emplazamientos, etc.) así como los requisitos legales (europeos, nacionales, autonómicos y locales) que van a afectar a la obra en sus diferentes actuaciones (movimientos de tierra, cimentaciones, etc.).

A continuación se señalan y evalúan los aspectos que podrían tener impacto directo en el medio ambiente con el objetivo de emprender actuaciones y controles que lo minimicen. "“Un ejemplo de todo esto”", comenta la constructora, "“es el trasplante, el pasado año, de 10.000 encinas adultas durante los trabajos de construcción de la presa de Andévalo (Huelva)”".

Pero el proceso no se acaba aquí. Una vez que las obras entran en fase de ejecución comienza la vigilancia medioambiental mediante el seguimiento del plan de medio ambiente y la instalación de equipos de medición, tanto fijos como móviles, para detectar cualquier incidencia sobre el entorno. Estos aparatos, en la práctica, permiten controlar la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, del aire y de los gases que se emiten, así como la calidad ambiental de las edificaciones. Si las mediciones que se obtienen no son las adecuadas se ponen en funcionamiento medidas correctoras. ¿Cuáles? Por ejemplo, colocación de pantallas acústicas, amortiguamientos de vibraciones o técnicas de tratamiento y depuración avanzadas, entre otras.

Gestión de los residuos

Una parte esencial a la hora de acometer una obra de ingeniería de gran calado es la gestión de los residuos que genera. La primera medida que se toma en este caso es reducir al máximo el material de desecho creado y después de tratar de almacenarlo o cederlo a gestores para su máxima reutilización posible frente al método tradicional de eliminación o depósito en vertederos.

Veamos una vez más un ejemplo. A finales de 2004, las empresas Talher, Geocisa y Dragados, junto con la ingeniería Prointec, han resultado adjudicatarias del proyecto y obra de las medidas compensatorias de la ampliación del aeropuerto de Barajas. El objetivo de este desarrollo –por valor de 13,5 millones de euros y 28 millones de ejecución– es la recuperación ambiental y mejora del entorno afectado por las obras de ampliación del aeródromo internacional madrileño.

Estos trabajos inciden, de forma directa e indirecta, en las riberas del río Jarama, por lo que las obras recuperarán la cubierta vegetal de la ribera, mejorarán el hábitat de especies que allí viven y pondrán en valor para uso público terrenos degradados, de tal forma que se mejoren las condiciones hidrológicas de la red de drenaje.

Otra de las grandes constructoras españolas, FCC, tiene un plan de actuación bastante parecido. A partir de 2000, año en que entró en vigor, como hemos visto, la Ley de Evaluación de Impacto Medioambiental, "“FCC se ha impuesto como objetivo estratégico en todas sus obras la adopción de prácticas respetuosas con el medio ambiente que vayan más allá de los requisitos exigidos por la legislación para reducir la repercusión medioambiental, sobre todo en los grandes desarrollos”", indican en la compañía.

Para ello han diseñado un código de Buenas Prácticas dividido en varios apartados –Relación con la sociedad (capacitación y comportamiento de las personas), Emisiones a la atmósfera, generación de ruidos y vibraciones, Vertidos de agua, ocupación, contaminación y pérdida de suelos, Utilización de recursos naturales y generación de residuos, y Ordenación del territorio (diversidad biológica)–, a los cuales se les ha asignado una serie de puntos.

El objetivo que se persigue es que todos obtengan un mínimo de 50 puntos. Con este código, avanzan en la empresa, se ha conseguido entre otras cosas que en el 96% de los proyectos se restaure las áreas afectadas por las instalaciones de obra mediante la limpieza y la retirada de elementos ajenos al entorno, o sin utilidad posterior. También se ha logrado que en el 90% de los trabajos se haya reducido en más del 15% los residuos inertes que se llevan al vertedero, con respecto al volumen inicial que se había previsto en el proyecto. Estos desechos se clasifican en tres o más categorías para su gestión individualizada.


 


Grupos de proyectos que deben someterse obligatoriamente a una evaluación de impacto medioambiental

Agricultora, silvicultura, acuicultura y ganadería. Proyectos de concentración parcelaría de más de 100 hectáreas, repoblaciones forestales y desarrollos de gestión de recursos hídricos para la agricultura cuando afecten a una superficie superior a las 10 hectáreas.
Industria extractiva. Explotaciones a cielo abierto de yacimientos minerales y de más recursos geológicos, minería subterránea, dragados y extracción de petróleo. Industria energética. Refinerías de petróleo, centrales térmicas y nucleares, transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas que tengan una longitud superior a los tres kilómetros, instalaciones de oleoductos y gaseoductos.
Industria siderúrgica y del mineral. Plantas siderúrgicas integrales e instalaciones para la producción y elaboración de metales (hierro, acero, fabricación de materiales plásticos, de cemento, vidrio y amianto).
Industria química, petroquímica, textil y papelera. Incluye curtidos de pieles y cuero, pasta de papel, cartón además de instalaciones para el almacenamiento de productos petroquímicos o químicos y tuberías diseñadas con el fin de transportar productos químicos.
Industria de productos alimenticios.Instalaciones para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, productos lácteos, cerveza y malta, entre otros. Proyectos de infraestructuras. Carreteras (construcción de autopistas y autovías, vías rápidas y carreteras convencionales que tengan una longitud continuada de más de 10 kilómetros), líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido, aeropuertos, puertos comerciales, pesqueros y deportivos, vías navegables y puertos de navegación interior y obras marítimas que puedan alterar la costa (espigones, malecones, diques, etc.).
Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. Presas, proyectos para la extracción de aguas subterráneas, trasvases, construcción de vías navegables, obras de encauzamiento e instalación de acueductos de larga distancia.
Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. Instalaciones de incineración de residuos peligrosos (y no peligrosos) así como vertederos de residuos no peligrosos.
Otros proyectos. Transformaciones de uso del suelo que impliquen la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hectáreas. Repoblaciones forestales, concentraciones parcelarias, parques temáticos, pistas de esquí, remontes, teleféricos, parques eólicos con más de 10 aerogeneradores, tuberías para el transporte de productos químicos, etc.
 


El milagro tecnológico de Blancanieves

Se llama Snohvit (Blancanieves en noruego) y, sin duda, es uno de lo proyectos más espectaculares de ingeniería que están ahora mismo en marcha no sólo en Europa sino en todo el mundo. La particularidad de este desarrollo es que el impacto medioambiental se ha reducido a la mínima expresión. Algo a lo que los ingenieros estaban obligados por las especiales características del mismo.

Muy pocos creían que sería posible realizar una idea como Snohvit: la primera iniciativa del mundo de extracción y tratamiento de gas licuado en el mar de Barents, en pleno círculo polar ártico. Un lugar donde las condiciones meteorológicas son extremas y donde el termómetro puede registrar temperaturas de (-20º) con facilidad. Por si fuera poco, esta zona, de enorme importancia pesquera por el número y la calidad de sus capturas, tiene un especial tratamiento medioambiental en los convenios internacionales. Por lo tanto, la extracción de hidrocarburos debe superar unas estrictas normas.

Los técnicos de Stateoil –la empresa noruega responsable de esta obra– han tenido que crear un sistema de extracción de gas sin instalaciones en la superficie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tanto el bombeo como la extracción y parte del tratamiento del hidrocarburo se realizan bajo las aguas del gélido mar de Barents a través de un sistema de módulos prefabricados, que incorporan una tecnología única en el mundo.

Cuando se planteó esta iniciativa pocos ingenieros creían en su realización técnica. Un detalle. Se han utilizado 12 estudios doctorales de otros tantos especialistas sólo para encontrar la manera de refrigerar el gas cuando es extraído de los yacimientos para su posterior bombeo hasta las instalaciones de Melkoya (una pequeña isla cerca de las costas noruegas), lugar donde se completa su tratamiento. Los yacimientos que van a explotar tendrán capacidad para suministrar gas durante unos 25 años.

Hasta 2005 se necesitará contar con 175 trabajadores fijos para mantener una producción continuada durante 330 días al año. España se beneficiará de Snohvit ya que importaremos 1,6 billones de metros cúbicos de gas al año procedentes de estas instalaciones. Para los expertos, este puede ser el primer paso para la extracción en esas mismas aguas de petróleo utilizando este sistema.