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De toda la energía consumida en España, el 31% se destina a usos industriales. Cataluña, la Comunidad Valenciana y el País Vasco concentran más de la mitad de esta demanda. Desde principios de este año 2004, la industria tendrá que adaptarse a los nuevos requerimientos del Plan de ahorro y eficacia energética. El objetivo: que España deje de ser el quinto país por consumo de la Unión Europea. Una difícil meta si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en los nueve primeros meses de 2003 la demanda total de energía eléctrica creció un 5,4%.
Consumir sin contaminar
El sector energético español vive tiempos de transformación o, al menos, planes y proyectos públicos y privados parecen caminar en esa dirección. Se trata de asegurar la oferta de energía para atender una demanda creciente reduciendo, a la vez, las emisiones de CO2 (dióxido de carbono). La industria, como consumidora, se está viendo afectada por estos cambios con los que se pretende cumplir el Protocolo de Kyoto, ratificado por el Gobierno español, sin mermar la capacidad productiva de miles de empresas.
Son, sin embargo, muchas las voces que ya aseguran que conseguirlo será casi como hacer cuadrar el círculo. Para lograrlo, la Administración ha elaborado distintas medidas, desde el Fomento de las energías renovables al Plan de ahorro y eficacia energética. Y una de las primeras decisiones puestas en marcha ha sido la liberalización completa del sector. En 1998, se liberalizó la oferta para los grandes consumidores.
En enero de 2003 esta medida se extendió a la totalidad del mercado español: 22 millones de usuarios, incluidas pymes, ya pueden elegir su compañía eléctrica y otros cuatro millones de clientes pueden hacerlo con el gas natural. De esta forma, el Gobierno español se ha adelantado cuatro años a las directivas de la UE sobre la apertura de los mercados energéticos, efectivas para todos los Estados miembros a partir de julio de 2007.
España es, actualmente, el quinto país consumidor de energía de la Unión. Sólo en los nueve primeros meses de 2003, según datos de Red Eléctrica Española (REE), la demanda acumulada de energía eléctrica peninsular alcanzó los 154.866 GWh, con un crecimiento del 5,4%. Los datos manejados por UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica) muestran que, además, es uno de los Estados que más energía importa: el 75% frente al 50% de media.
Y, tal como afirmó el presidente de esta organización, Íñigo de Oriol, durante la presentación de la Memoria estadística 2002 también es uno de los países con los precios de la energía más bajos: "El segundo para clientes domésticos y el tercero para los industriales". Estos últimos demandan aproximadamente el 31% de la energía que se consume.
En la industria, parte de la energía final consumida lo es como materia misma en los procesos productivos, aproximadamente el 26% en el año 2000. Miles de empresas dependen, por tanto, de la electricidad, del gas o del petróleo para mantener y aumentar su productividad. Pero, al mismo tiempo, los sectores energético e industrial producen casi el 80% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por eso, la patronal CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) ha recogido recientemente la alarma desatada entre las grandes compañías y ha advertido al Gobierno de que la factura de cumplir el Protocolo de Kyoto puede alcanzar el 0,5% y el 0,6% del PIB anual.
La industria como consumidor
La electricidad representa el 48,2% del consumo total de la industria extractiva y manufacturera,lo que se traduce en más de 6.800 millones de euros anuales. Ese es el titular que se deriva de la encuesta sobre la demanda energética en estos sectores realizada por primera vez por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos del año 2001. De hecho, la industria y la construcción se llevaron en 2002 el 37% de la energía eléctrica consumida en España.
A la electricidad, le sigue el gas, con un 26,3%. Es el uso de esta fuente energética el que está
experimentando un desarrollo mayor. El principal sector consumidor es la industria cerámica, ubicada fundamentalmente en la Comunidad Valenciana. Según los responsables del distribuidor español Gas Natural, "el uso del gas natural en centrales de ciclo combinado que generan electricidad es el que va a crecer más en los próximos años". En toda España, durante el primer semestre de 2003, este grupo suministró 170.300 GWh de gas.
Las ventas al mercado industrial, sin tener en cuenta las destinadas a la generación de electricidad, alcanzaron los 71.649 GWh, lo que representa un 42% del total. Esta cantidad asciende, de acuerdo con los datos facilitados por la compañía, a 84.210 GWh, cerca del 50% del total, "si se consideran las ventas de gas destinadas a la generación de electricidad". Tras el gas, la encuesta del INE sitúa en tercer lugar, por consumo, a los productos petrolíferos, con un 18,6%.
El informe señala, además, como empresas de mayor consumo energético a las agrupadas en losepígrafes "Productos minerales no metálicos" (20,0%), "Metalurgia y fabricación de productos metálicos" (19,4%) e "Industria Química" (14,2%). Geográficamente, la memoria destaca que los consumos menores corresponden a Baleares, La Rioja y Canarias. Por el contrario, Cataluña, con más de 1,5 millones de euros anuales (un 22,4% del total nacional), la Comunidad Valenciana y el País Vasco concentran casi la mitad del consumo energético de las empresas industriales españolas.
A pesar de este liderazgo, Albert Mitjà i Sarvisé, director del Instituto Catalán de Energía y director general de Energía y Minas de la Generalitat de Catalunya, asegura que "los cambios en la estructura industrial catalana y los avances tecnológicos han permitido reducir desde 1990 un 23% la intensidad energética (energía por unidad de PIB producida) de las empresas. Las mejoras de la eficiencia energética en la industria ahorran cada año la importación de más de un millón de toneladas de petróleo".
Para Albert Mitjà i Sarvisé, la tecnología de la cogeneración, basada en un sistema que permite la producción conjunta de calor y electricidad en plantas especialmente diseñadas para ello, ha sido uno de los ejes básicos de estos recortes: "Durante los últimos diez años, la potencia de las plantas de cogeneración en Cataluña, cuyo rendimiento al aprovecharse las dos formas de energía dobla el de una central eléctrica, se ha multiplicado por diez. Lo que supone una significativa disminución del gasto en energía primaria". La energía primaria comprende la energía final más la empleada en los procesos de transformación, incluyendo las pérdidas en transporte y distribución.
El apoyo a nuevas tecnologías menos derrochadoras, el fomento de fuentes de energía renovables o los planes diseñados para el futuro energético tienen como meta reducir el consumo garantizando el nivel de vida y la producción industrial. Esta disminución no sólo se enclava dentro de las políticas de desarrollo sostenible, también intenta garantizar la continuidad del suministro.
Los inviernos fríos y los veranos especialmente calurosos, como el último, incrementan el consumo energético. Se producen entonces apagones como los de Nueva York, Londres, Baleares o Italia. La red, en muchos casos anticuada, no soporta semejante nivel de flujo. Y las empresas se enfrentan después a facturas millonarias por la pérdida de su productividad. A esto hay que unir el agotamiento previsto de las fuentes de energía convencionales, en especial la del petróleo.
En este contexto, pretende desarrollarse el Plan de ahorro y eficiencia energética nacional 2004-2012, realizado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), dependiente del Ministerio de Economía, y que fue presentado por José Folgado, secretario de Estado de Energía, en junio de 2003. Las líneas básicas del proyecto, que debería entrar en vigor este año 2004, plantean una reducción de la intensidad energética en ese periodo del 7,2%, lo que supondrá, al menos en las previsiones, 2.853 millones de euros menos en consumo.
Estos ahorros, superiores al total de petróleo crudo importado en la actualidad durante
un año y derivados de una reducción de la intensidad energética primaria, serán, según el secretario de Estado, "consecuencia del desarrollo tecnológico, de las iniciativas propias de los sectores y de la aplicación de las medidas impulsadas desde las administraciones para fomentarlo".
Un mes antes de la presentación del Plan de ahorro, el Parlamento Europeo aprobó la directiva
que regulará el comercio de emisiones de efecto invernadero. El sistema permitirá a las empresas e industrias comercializar, a partir de 2005, con sus derechos a emitir CO2. Para cumplir el Protocolo de Kyoto y combatir dicho efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el calentamiento global del planeta, la UE ha establecido unos límites máximos de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera.
Las industrias, cuando la directiva entre en vigor, podrán aumentar sus cantidades comprando derechos a otras empresas que emitan menos CO2. Estas cantidades, en reducción progresiva para garantizar que cada país cumpla con los objetivos, serán controladas por los gobiernos, que otorgarán el 90% de las mismas de forma gratuita y el 10% restante mediante subasta pública. En palabras de la comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallström, "esta directiva supone que las empresas de 25 países tendrán que tener en cuenta el cambio climático en sus decisiones empresariales".
Sin embargo, para los grandes consumidores españoles de energía, agrupados en la asociación
AEGE, el análisis e impulso de las posibilidades de mejora de la eficiencia energética de la economía española tienen gran relevancia y valor en sí mismos. Pero afirman que, "tal y cómo está redactado el Plan de ahorro, unido a la directiva europea sobre las emisiones de CO2, se puede poner en riesgo inmediato la viabilidad de empresas españolas altamente eficientes".
Producir más contaminando menos
Son varios los pilares en los que se apoya la estrategia ideada por el Gobierno para fomentar la eficacia energética. Como preámbulo: el elevado aumento relativo del consumo de energía primaria en España en relación con el incremento del PIB. Como meta: lograr el desarrollo económico previsto para los próximos diez años con un crecimiento del consumo correspondiente a ocho ejercicios.
Para conseguirlo, según las cuentas del Ministerio de Economía, del que depende la Secretaria de Estado de Energía, con una reducción de la intensidad energética del 7,2%, el consumo descendería del 3,5% al 2,8% de crecimiento anual hasta 2012, para un incremento del PIB del 3% de media durante dicho período.
Dentro del Plan se analiza el consumo y las necesidades de la industria (subdividida en once
subsectores), el transporte, la edificación, el equipamiento residencial, la ofimática, los
servicios públicos, la transformación de la energía y la agricultura. Conjuntamente con el estudio sectorial, propone la adopción de un total de 186 medidas: 107 dirigidas a la industria; 20 al transporte; 27 a la transformación de la energía; 12 a edificación; y las 20 restantes a otros sectores. El coste global asociado a la ejecución de todas ellas ascendería a unos 25.993 millones de euros para el conjunto del período.
Sostiene el Plan que "por actividades, la industria es, proporcionalmente, la que presenta un objetivo más reducido, pues en algunas ramas industriales los inputs energéticos tienen un peso relevante en la estructura de costes y se trata del sector que mayor número de mejoras de eficiencia ha venido introduciendo y que más ha controlado el crecimiento del consumo de energía. No obstante, el ahorro previsto es notable aunque con un nivel significativo de ayudas".
El Plan prevé que el peso de la industria en el PIB continúe reduciéndose. Los cambios estructurales, las nuevas tecnologías intensivas en capital y la pérdida de peso de las industrias (que se instalarán en países con mano de obra más barata y mayor dotación de materias primas) son, según el proyecto del Gobierno, las bases de esta disminución. Una afirmación que no termina de convencer a la AEGE:
"Puede ser lógico mantener el criterio de que la industria tenderá a perder peso en el PIB a medida que España avance en su renta per cápita, pero nada hace prever en la actual situación que ese paso sea significativo en el periodo 2004-2012 y mucho menos que los sectores básicos industriales vayan a reducir su productividad en términos absolutos a no ser que ocurra un cambio brusco en la economía española", afriman desde la AEGE.
Los asociados a esta organización son, según la misma, los 40 grupos industriales más importantes, además de la base de la potente pyme industrial española. En cifras representan el 15% de la demanda eléctrica española y el 10% de la de gas. Para la AEGE, "la energía puede ser un coste que desequilibre la competitividad en tanto en cuanto se mantenga como mercado local".
En relación a las medidas propiamente dichas, tipificadas como prioritarias o complementarias, el proyecto gubernamental las agrupa en: tecnologías de aplicación multisectorial; medidas que sólo afectan a procesos productivos de un único subsector; y las que suponen un cambio en el proceso productivo. Las prioritarias, aquellas que deberán llevarse a cabo sin necesidad de apoyos públicos, pueden suponer un 45% del ahorro energético.
En cuanto a las complementarias, con apoyo público, el ahorro se estima en un 65%. Dentro del desarrollo de estas medidas se sitúan la realización de Auditorías Energéticas y la aplicación de los denominados Acuerdos Voluntarios (AV). Actualmente existen programas de auditorías en diversos países, en algunos casos, como en Australia, Bélgica, Francia, Alemania y el Reino Unido con apoyos financieros. En otros,como en Dinamarca, las industrias que se comprometen a disminuir su consumo siguiendo recomendaciones formuladas en las auditorías son recompensadas con reducciones de impuestos.
En cuanto a los AV, pueden basarse en objetivos negociados legalmente vinculantes, que se adelantan a futuros requerimientos, o en actuaciones negociadas no vinculantes. Señalan desde la Secretaría de Estado de Energía que muchos proyectos de mejora de la eficiencia energética son acometidos directamente por los industriales.
"No obstante –matizan–, tanto la falta de información y formación, en unos casos, como la consideración, en otros, de que determinadas actuaciones no alcanzan el nivel deseado de rentabilidad, dejan ocioso parte del potencial de mejora de la eficiencia energética". Las barreras económicas y de formación son, a juicio del Gobierno, los dos obstáculos principales. Para superarlos, proponen apoyos públicos y la aplicación de instrumentos de formación e información.
Por su parte, desde la AEGE consideran que los potenciales de ahorro de sectores como el químico
y el siderúrgico no tienen que ver con la mala gestión ni la falta de formación profesional sino con la competitividad internacional. Además, critican que "se haya englobado en un mismo epígrafe a toda la industria, desde la básica a la pyme pasando por la transformadora, lo que hace por lo menos difícil emitir juicios válidos para cada una de las partes".
Lo fundamental, desde la óptica de las industrias, es que sus condiciones de compra energética en los mercados mundiales se planteen a precios competitivos y sin límites o, por lo menos, con las mismas limitaciones a las que se enfrenten sus competidores europeos.
Si, pasando revista sector por sector, la industria es la que presenta un menor peso dentro de la estrategia elaborada por la Administración, el transporte es el que tiene mayores objetivos de
ahorro. No en vano es éste el área que, según datos oficiales, mayor presión viene ejerciendo al
alza sobre el consumo de energía.
En el caso concreto del transporte de mercancías, especialmente por carretera, las medidas van dirigidas a la mejora en la gestión de flotas, el establecimiento de centros logísticos de transporte, la reducción de límites de velocidad en áreas urbanas, el desarrollo de puertos secos en el interior del territorio, la certificación de calidad en las empresas de transporte, la realización de mantenimientos adecuados de los vehículos y la implantación de tacógrafos digitales y de limitadores de velocidad. Por último, el Plan de ahorro y eficacia energética también recoge importantes iniciativas dirigidas a moderar la demanda en la construcción y en el sector servicios.
Dando ejemplo
Las compañías productoras o distribuidoras de energía en España ya han comenzado a aplicarmedidas concretas para fomentar el ahorro. No hay que olvidar que además de ser proveedoras, estas empresas son consumidoras. Los responsables de Iberdrola ponen como ejemplo los sistemas de climatización de su nuevo edificio corporativo en Madrid que cuenta con un mecanismo de recuperación de energía. "Asimismo –aseguran desde Iberdrola–la nueva sede de Madrid dispone del sistema de iluminación inteligente más moderno, que controla el nivel de alumbrado deseado según las necesidades de cada recinto: regula el flujo luminoso en cada lámpara y aprovecha al máximo la luz natural".