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Obras sin fondos

01/08/2005

A partir de 2007, como consecuencia de la ampliación europea y, sobre todo, del hecho de que España ya se ha situado entre las diez primeras economías del mundo, los fondos europeos que lleguen a nuestro país serán mucho más reducidos y no se destinarán a la realización de obras civiles, sino a otros proyectos como los relacionados con investigación y desarrollo.

De hecho, los fondos de cohesión,que representan el 13% de la inversión,se perderán previsiblemente en su totalidad a partir de 2007, mientras los fondos del desarrollo regional (12% de la inversión) se reducirán progresivamente y sólo podrán destinarse a determinadas regiones cuyo PIB está todavía por debajo de la media comunitaria, como es el caso de Extremadura y Andalucía.

 

Las constructoras toman la iniciativa

Las grandes constructoras, no obstante, no se han quedado quietas esperando a que el Ejecutivo plantee respuestas a las incógnitas que se abren para el sector. Si hace algunos años estas empresas se limitaban a presentar ante el Gobierno de turno planes que planteaban el desarrollo de nuevas infraestructuras allí donde se consideraba que eran necesarias, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) presentó a comienzos de noviembre a los ministerios de Economía y Fomento una propuesta de inversión público-privada en infraestructuras para el periodo 2005-2012 que plantea una importante participación del capital privado en la financiación de nuevos proyectos y que, además, supondría el mantenimiento de los mismos niveles de actividad en el sector.

Según Fernando Gutiérrez de Vera, responsable del área de concesiones de Seopan, la principal patronal del sector de la construcción, y uno de los principales avalistas del proyecto que se le presentó al Gobierno, "tanto la Administración Central como las autonomías y numerosos ayuntamientos ya conocen las ventajas que supone poder adelantar en el tiempo las infraestructuras necesarias, no introducir por ello tensiones excesivas en los presupuestos y asegurar no sólo la inversión sin sobrecostes para la Administración, sino los plazos de ejecución y el mantenimiento posterior".

El plan presentado por la CEOE al ejecutivo español busca compensar la próxima pérdida de fondos europeos en la financiación de infraestructuras sin poner en peligro el objetivo de estabilidad presupuestaria, lo que la patronal sabía que agradaría al ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes.

En concreto, la propuesta de la patronal revela la disposición de las empresas constructoras a invertir entre 2007 y 2012 hasta 22.000 millones de euros para mantener la actividad del sector en los niveles actuales y permitir que siga desarrollándose el tejido de infraestructuras de transportes y servicios español, a cambio de obtener ingresos recurrentes aplazados a través de un sistema de concesiones o fórmulas similares.

Gutiérrez de Vera afirma que "es necesario dar prioridad a todas aquellas inversiones que facilitan que el suelo español continúe siendo un lugar muy atractivo para que empresas de otros países se establezcan y para que ciudadanos de distintas naciones elijan nuestro país como residencia permanente para su segunda o tercera edad".

Las aportaciones que realizase el Estado al desarrollo del plan de infraestructuras compartido que propone Seopan, o los proyectos concretos propuestos en los que podría participar el capital privado, se realizarían bajo la fórmula de colaboración público- privada (CPP), por lo que no computarían como déficit a efectos de las estadísticas de Eurostat y serían compatibles con el objetivo de equilibrio presupuestario.

 

3.500 millones menos de Europa

La CEOE calcula que entre 2007 y 2012 España recibirá 20.600 millones de euros de fondos europeos para proyectos de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, con un descenso anual de 3.500 millones respecto a la situación actual. Según Enrique Aldama, presidente de Seopan: "Esta reducción supondría a partir de 2007 un aumento del déficit público o un descenso de la inversión en infraestructuras, lo que, a su vez, acarrearía una pérdida de casi 100.000 puestos de trabajo, una reducción anual del 0,5% del PIB y una desaceleración del proceso de convergencia".

No obstante, el plan elaborado por la CEOE y Seopan también incluye un capítulo destinado a carreteras, al que las empresas destinarían un total de 16.000 millones de euros. De ellos, 7.000 millones irían destinados a la construcción de una serie de vías a cambio de que la Administración comprometiera inversiones de operación y mantenimiento de 700 millones de euros anuales durante 20 años.

Por otra parte, la iniciativa privada propone financiar también hasta 910 km de autopistas bajo el método de peaje en sombra, con una inversión total de 4.500 millones de euros y una aportación estatal de 200 millones anuales durante un plazo máximo de 40 años.

 

¿Peajes directos o 'en sombra'?

El peaje en sombra establece el pago de un canon por parte de la Administración y no del usuario en función de los vehículos que utilicen la infraestructura y de la evolución del tráfico, aunque otros gobiernos, como el británico, han fijado variables distintas en los pagos, como la seguridad en la autopista.

Otros 4.500 millones de euros irían destinados a financiar 700 km de autopistas de peaje directo que requerirían una aportación única del Estado de 500 millones de euros a través de créditos participativos recuperables. Para Gutiérrez de Vera, "desplazar el coste del uso de la infraestructura al usuario final es, en principio, más eficiente desde el punto de vista económico que las fórmulas de pagos por la Administración, aunque se difieran en el tiempo. Además, no todo se debe referir a que pague el usuario o el Estado. Es necesario aprovechar el potencial de imaginación que se encierra en la nueva legislación de concesiones de obra pública".

De hecho, el plan presentado por la CEOE plantea, incluso, la posibilidad de que el programa de desalación con el que el Ministerio de Medio Ambiente quiere sustituir al trasvase del Ebro pueda ser también financiado íntegramente por la iniciativa privada, que invertiría 1.600 millones de euros a cambio de una concesión de las instalaciones.

Expertos del sector apuntan a que la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente podría ser positiva a esta posibilidad, habida cuenta de que no está claro todavía que el Plan de Desalación propuesto por el Gobierno pueda recibir fondos europeos para su desarrollo.A pesar de que la propuesta de la CEOE y de Seopan recibió en un primer momento una acogida positiva tanto de la titular del Ministerio de Fomento, Magdalena Álvarez, como del ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, en el ámbito de las declaraciones públicas ya se ha producido algún desencuentro, aunque el más importante es sin duda que de las propuestas de actuaciones concretas planteadas por la CEOE, ninguna ha sido de momento recogida en los planes del Ejecutivo en cuanto al desarrollo de nuevas infraestructuras.

De hecho, si en meses pasados Enrique Aldama recordaba al Gobierno que la iniciativa privada se mueve en base a criterios de rentabilidad y consideraba que "para que el capital privado invierta en el desarrollo de infraestructuras precisa de una rentabilidad de dos dígitos", la ministra de Fomento le contestaba al día siguiente que el desarrollo de nuevas infraestructuras había que plantearlas con "carácter social, y que las propuestas de la patronal sólo abordan lo que es rentable económicamente y por ello se dirigen a una parte del país".

El responsable del área de concesiones de la patronal constructora apunta, en esta misma línea, que "las administraciones públicas de ben ser extremadamente cautelosas en las adjudicaciones de estos negocios. De la misma manera que no se debe adjudicar una obra en baja exagerada o temeraria, porque las cosas acaban costando lo que valen, tampoco debe adjudicarse una concesión en la que las tasas de rentabilidad pongan en riesgo la viabilidad del negocio en cualquier avatar”.

 

Y sigue:”Una ganancia razonable para el que arriesga su capital a largo plazo en estos negocios es indispensable. Una concesión es un negocio cooperativo entre la Administración y el concesionario, y los dos deben sacar provecho de su servicio a la sociedad".

 

Condenados a entenderse

Fuentes del Ministerio de Fomento, aunque reconocen que será necesaria la participación del capital privado para la financiación de las nuevas infraestructuras, son críticas con las propuestas de Seopan, ya que "plantea ayudas públicas y subvenciones para proyectos que en teoría serán rentables, cuando en ese caso deberían contar sólo con aportaciones privadas".

Sin embargo, uno de los máximos responsables de una concesionaria señala que el principal mensaje que llevaba consigo la propuesta de CEOE al Gobierno era, al margen de consideraciones concretas, que "estamos dispuestos a compartir con ustedes la financiación del desarrollo de nuevas infraestructuras", por lo que no dudan que finalmente se incorporen proyectos de financiación privada a los planes del Ejecutivo.

Comprometido como está el Ministerio de Economía en la restricción del gasto público y obligado el Ministerio de Fomento a seguir promoviendo el desarrollo de nuevas infraestructuras,el Gobierno no tendrá más opción que seguir dando entrada al capital privado para realizar nuevas infraestructuras que permitan al país continuar creciendo. "No tiene notra opción", señala el presidente del área de concesiones de una de las mayores constructoras,"si quieren seguir haciendo cosas".

Sobre el papel, y aunque el Partido Popular ha señalado que "no está garantizada la capacidad presupuestaria para su desarrollo", el plan presentado por el Ejecutivo prevé destinar hasta 2020 casi 250.000 millones de euros para infraestructuras. Revisable, cada cuatro años,el plan hace especial énfasis en el desarrollo del ferrocarril, que concentra casi el 50% de las inversiones previstas, con actuaciones también en carreteras, puertos y aeropuertos.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, explicó durante la presentación del PEIT (Plan Estratégico de Infraestruturas del Transporte) que éste "respeta el criterio de estabilidad presupuestaria y será financiado en un 60%mediante fondos presupuestarios y el 40%restante a través del sistema de cooperación público-privada", que puede implantarse a través de diferentes vías.Liderazgo mundial en concesiones.

En cualquier caso, un buen aval para la potenciación de la presencia del capital privado en la realización de nuevas infraestructuras en España, y por lo tanto para el éxito del plan, es el hecho incuestionable de que las grandes constructoras españolas ya tienen una gran experiencia en la cofinanciación de nuevas infraestructuras, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y en su gestión o explotación en régimen de concesión.

De hecho, ACS, a través de Dragados Concesiones; Ferrovial –por medio de Cintra–, Sacyr, FCC y OHL copan seis de los diez primeros puestos del ránking mundial del sector de financiación y gestión privada de infraestructuras correspondiente a 2004, que anualmente elabora la revista especializada Public Works Financing (PWF); una presencia que por cierto no se produce en muchos otros sectores económicos.

 

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¿HAY DINERO PARA FINANCIAR INFRAESTRUCTURAS EN ESPAÑA?

 

Lo hay, sin duda. Según Fernando Gutiérrez de Vera, responsable del área de concesiones de Seopan,"las firmas financieras nacionales e internacionales conocen el potencial y la capacidad de los concesionarios españoles, y están dispuestos a apoyar sus empeños razonables en nuestro país y fuera de él".

Tomemos como ejemplo una de las últimas autopistas de peaje en sombra adjudicadas recientemente, la Toledo-Consuegra, sacada a concurso por el Gobierno de Castilla-La Mancha en 2004. Este tramo de la conocida como Autovía de los viñedos, concesión adjudicada en abril del pasado año, logró financiación de ocho entidades (Banesto, Fortis, Caja de Ahorros del Mediterráneo, BNP Paribas,la Caixa, Caixa Geral de Depósitos, Dexia y Caja de Castilla-La Mancha), que suscribieron de forma sindicada un crédito a largo plazo por valor de 105 millones de euros.Tras su construcción, la infraestructura será gestionada durante 30 años por una concesión bajo el sistema de financiación diferida, consistente en que la Comunidad de Castilla-La Mancha asumiráel coste del uso de la autovía por los vehículos para que no recaiga directamente en los usuarios.

 

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NUEVAS FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS

 

Método alemán. El pago de la obra se realiza cuando finaliza la construcción de la infraestructura, lo que permite diferir los pagos varios años

Peaje en sombra.La obra la financia el sector privado a cambio de una cantidad que le paga la Administración cada año en función de unas tarifas establecidas previamente y del número de vehículos que utilicen la infraestructura. Los contratos suelen ser a 15 ó 20 años.

Contrato de gestión de infraestructuras. Se realiza para una obra ya existente y se produce cuando la Administración contrata con una empresa privada la prestación de un servicio, como la mejora o conservación de una carretera. Es el caso, por ejemplo, de la A-8, la primera autopista de peaje en España que, una vez finalizados los 35 años de concesión, revertió a la Administración.

Concesión de obra. La Administración adjudica un contrato de construcción y explotación de una infraestructura a una o varias empresas privadas, que después podrán cobrar directamente a los usuarios un canon por su uso. Un ejemplo son las radiales de Madrid.

Entes públicos. La Administración crea sociedades a las que transfiere fondos para desarrollar proyectos de infraestructuras y que no se computen en su deuda, ya que son consideradas inversiones financieras. Es lo que sucede con la sociedad Calle 30, creada por el alcalde de Madrid para financiar la reforma de la M-30.

Arrendamiento operativo. Son las fórmulas de colaboración público-privada (CPP) más conocidas por su denominación en inglés: Private-Public Partnership (PPP) o Private Finance Initiative (PFI).En ella, la Administración firma un contrato con una empresa privada que es la propietaria de la obra, siendo el Estado el inquilino y usuario de la infraestructura, por la que paga al inversor un alquiler. En España ya está comenzando a utilizarse en el caso de los nuevos hospitales de Madrid o los edificios judiciales en Cataluña.