Empleo
Desde el pasado 13 de agosto todos los fabricantes de productos eléctricos o electrónicos están obligados a recoger sus aparatos,reutilizarlos y reciclarlos.La industria ya se ha organizado para hacer frente a los costes que producirá el Real Decreto 208/2005,que transpone la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).
En 2010 se generarán 100.000 t de residuos electrónicos sólo en España, un 120% más que en la actualidad. Al menos ésa es la previsión de un estudio realizado por la Fundación Ecotic, Price Waterhouse Cooper y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC).
Ya en 2002, el crecimiento exponencial de este tipo de basura y su carácter altamente contaminante llevaron a las administraciones europeas a promulgar la Directiva Europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), una norma que se plantea reducir tanto los residuos como la peligrosidad de los componentes utilizados en su fabricación.
Tras diversas modificaciones y algunos retrasos, España incorporaba esta normativa a su ordenamiento jurídico el pasado 25 de febrero en el Real Decreto 208/2005, que establece que los productores deben asumir la recogida y el reciclaje de los residuos desde el 13 de agosto. Una factura cara
Nadie niega las virtudes de una norma que busca conciliar las nuevas tecnologías y el consumo con una sociedad cada vez más ecológica. No obstante,el hecho de que la factura recaiga enteramente sobre los fabricantes y distribuidores no ha dejado de provocar polémica:
"En aplicación del principio 'quien contamina paga' el productor debe hacerse cargo de los costes de la gestión, incluida la recogida, desde las instalaciones de almacenamiento temporal establecidas por los entes locales o desde los distribuidores, de los residuos que se generen tras el uso de los aparatos eléctricos o electrónicos que se pongan en el mercado", se afirma en el preámbulo del Real Decreto. Además, se plantea un ambicioso objetivo: recoger 4 kg de aparatos eléctricos y electrónicos por persona y año.
A los costes iniciales de poner en marcha el sistema hay que sumar los derivados de la propia gestión. Según cálculos de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), cada kilo recogido supone un coste de entre 0,3 y 0,4 euros, una cifra que, multiplicada por las toneladas de residuos, arroja una factura multimillonaria para la industria: cerca de 50 millones de euros por cada 100.000 t.La Fundación Ecotic estima que el coste para cada empresa oscilará entre un 3 y un 8% de sus ventas, dependiendo del tipo de producto.
De acuerdo con las reclamaciones del sector,para garantizar que cada uno pague lo que realmente le corresponde, el Ministerio de Industria,Turismo y Comercio ha creado el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE): en él deben inscribirse todas las empresas, además de declarar cada trimestre los aparatos puestos en el mercado. En función de estas cifras, el Ministerio asigna una cuota a cada sociedad, que servirá para calcular sus responsabilidades en la gestión de residuos.
La industria se organiza
Con el objetivo de reducir costes y garantizar la eficiencia del proceso de recogida, reutilización y reciclaje, las empresas del sector han comenzado a financiar y organizar sistemas colectivos de gestión de residuos. Éste es por ejemplo el caso de la Fundación Ecotic, que nace del seno de AETIC, y representa al 75% del sector de la electrónica de consumo. Dispone de hasta cinco procesos diferenciados por categorías de producto: electrónica de consumo, aire acondicionado, electrónica profesional, juguetes y elec tromedicina.
Por su parte, ASIMELEC cuenta con tres fundaciones especializadas: Tragamóvil –residuos de equipos de telefonía móvil y telecomunicaciones–, Ecofimática –equipos de reprografía, ofimá- tica y sus consumibles– y Ecoasimelec, creada recientemente para dar cobertura a aquellas empresas que no se integren en las otras dos.
Por último, la Fundación Ecolec, impulsada por la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de Línea Blanca (ANFEL) y la Asociación Española de Fabricantes de Pequeño Electrodoméstico (FAPE), está especializada en grandes y pequeños electrodomésticos, aunque también da cobertura a herramientas eléctricas, instrumentos de vigilancia y control y máquinas expendedoras.
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NOVEDADES
La nueva normativa recientemente aprobada sobre reciclaje genera todo un conjunto de deberes para los fabricantes que se pueden resumir en los siguientes puntos:
✑ Adoptar las medidas que resulten necesarias para que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos puestos por ellos en el mercado sean recogidos de forma selectiva y tengan una correcta gestión ambiental.
✑ Establecer sistemas para la recogida selectiva de los residuos de aparatos que no procedan de hogares particulares para que sean transportados a los centros de tratamiento, financiando el coste de la gestión de estos residuos cuando se suministre uno nuevo.
✑ Inscribirse en el Registro Nacional de Productores de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (REI-RAEE), único y de carácter estatal.
✑ Declarar su condición de productor ante la comunidad autónoma donde tenga ubicada su sede social o su representante legal.
EL PARLAMENTO EUROPEO APRUEBA EL REGLAMENTO REACH
Tras dos años de duras negociaciones, el pasado 17 de noviembre, el Parlamento Europeo votó a favor del denominado reglamento REACH (acrónimo en inglés de registro, evaluación y autorización de sustancias químicas). Este resultado allana el camino para la aprobación final en 2006 por parte del Consejo de esta norma, que nace con el doble objetivo de proteger la salud y el medio ambiente e incrementar la transparencia de la información.
El reglamento supone el establecimiento de un registro de todas las sustancias que se fabriquen o importen en cantidades superiores a una tonelada anual, además de la obligación de la empresa de demostrar que se trata de sustancias inocuas.
Para las calificadas como "preocupantes" se establece que sólo se concederá la licencia cuando no exista ninguna más saludable para sustituirla y siempre que la relación entre los riesgos y los beneficios esperados sea positiva.
La industria química europea –que representa el 35% de la producción mundial y proporciona empleo directo a alrededor de 1,7 millones de personas– teme que las nuevas medidas le resten competitividad.