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Europa frena las importaciones irregulares

27/03/2014

 

El pasado mes de marzo, el Senado aprobó,por iniciativa de CIU,una moción por la cual los importadores de productos que incumplan la normativa española y comunitaria en materia de sanidad y seguridad podrán ir a la cárcel además de sufrir sanciones económicas.

Los negocios de las compañí-as españolas con países asiá- ticos crecen sin cesar. China se sitúa actualmente como nuestro quinto proveedor a escala mundial: sólo de enero a agosto del año pasado se contabilizaron importaciones por valor de 7.423 millones de euros.Y todo apunta a que estas transacciones se incrementarán aún más a raíz de los acuerdos firmados en noviembre de 2005 entre el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,y su homólogo chino, Hu Jintao, para acrecentar las relaciones comerciales entre ambos países.

Japón, Corea del Sur, Indonesia, Taiwán, Tailandia, Singapur,Hong Kong,Malasia y Filipinas también se cuentan en la lista de estados que fabrican textiles, juguetes, zapatos o piezas de automóvil para el consumidor español. Por lo general, todos estos productos se comercializan a unos precios significativamente inferiores a los que manejan las industrias locales, lo que les está obligando a reinventarse para no perder competitividad.

Eso sí,aunque estén dispuestas a adaptarse a los reajustes del mercado, estas empresas han dado la voz de alarma por los bajos niveles de calidad de muchos de estos artículos importados que, en bastantes casos, incumplen la normativa sanitaria y de seguridad vigente en España y la Unión Europea.

 

Denuncia de consumo

El pasado febrero, la Agencia Catalana de Consumo denunció que seis de cada diez productos textiles inspeccionados en esta comunidad resultaban inseguros. Un etiquetaje incorrecto o la utilización en prendas infantiles de adornos que fácilmente podría arrancar y tragarse un niño, destacaban entre los problemas detectados.

Algunos importadores ejercen una competencia desleal. Debemos exigir que los artículos comercializados en nuestros mercados incorporen el mismo nivel de calidad que nosotros mismos nos hemos exigido”, argumenta Eusebi Cima, presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (FEPYME).

Como respuesta a esta demanda y con el objetivo de resolver el problema, el pasado mes de marzo el Senado aprobó por unanimidad una moción de CIU por la cual los importadores que incumplan la normativa vigente podrán ir a la cárcel.

La primera batalla de la industria se jugó en terreno del Viejo Continente:el pasado año se aprobó en el Parlamento Europeo el llamado informe Caroline Lucas (bautizado así por el nombre de la eurodiputada de los verdes británicos encargada de la ponencia). En él se denuncian los peligros que representan algunos exportadores asiáticos para el mercado europeo interior así como se establece la prohibición taxativa de importar productos que incumplan la normativa comunitaria.

No obstante, el control de estas regulaciones continuaba dependiendo de cada estado, por lo que aún quedaba un largo camino por recorrer para hacerlo efectivo. A fin de atajarlo, la patronal catalana impulsó, con la colaboración del senador de CIU Carles Gasòliba, la aprobación de la mencionada moción de la Cámara Baja,que insta al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España a incrementar la vigilancia en las aduanas y a establecer la responsabilidad civil y penal del importador.

Hasta el momento, el responsable de las infracciones era el fabricante.Pero si éste se encuentra en Taiwán, India o China no se le podía reclamar”, explica Eusebi Cima. Desde FEPYME consideran que esta medida resulta del todo lógica porque “si el importador dispone de un NIF nacional, debe conocer la legislación y, en consecuencia,exigir a sus proveedores que la cumplan”. Además, muchos de estos productos implican serios riesgos: “Cuando se comercializan pastillas de freno defectuosas, el consumidor se está jugando la vida”, advierte Cima.

 

Plazos inciertos

El responsable último de traducir estas medidas en la legislación española será, por tanto, el Ministerio de Industria. Todavía se desconocen los detalles que incorporará la nueva norma, así como la fecha exacta de su entrada en vigor. No obstante, Cima asegura que el ministro del ramo, José Montilla, se comprometió a aprobarla justo antes o después del verano.

Lo que sí se encuentra fijado en la moción es el incremento de la vigilancia aduanera e, incluso, el establecimiento de una lista de productos sensibles. “Es preciso aumentar los controles, en la medida de lo posible, sin perjudicar el negocio del importador, ni retener varios días los productos”, concluye el presidente de FEPYME. Asimismo, se prevé que la responsabilidad sea también penal, de forma que en caso de delitos graves podría llegar a ir a la cárcel, si bien aún no se han tipificado estos casos.

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NOVEDADES

✑ Se extenderán las competencias actuales del Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia en Régimen Exterior (SOIVRE) para asegurar un control añadido sobre los artículos importados. Para ello, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio deberá definir una relación de productos sensibles.

✑ Los responsables de vigilancia en el mercado interior alertarán a las autoridades comunitarias, aduaneras y a la autoridad de vigilancia a la importación sobre aquellos productos sensibles que hayan sido importados a través de aduanas comunitarias de otros estados miembros y que pudieran incumplir normativas de tipo sanitario, de seguridad o de calidad industrial.

✑ Se insta al Gobierno a defender enérgicamente en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que el control de las importaciones y el cumplimiento de las normativas comunitarias sea riguroso y eficaz en todas las fronteras de la Unión.

✑ Se establecerá una normativa específica sobre la responsabilidad civil y penal del importador.

 

POLÉMICA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El pasado 23 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Se trata de la transposición de una directiva europea de 2001 sobre la Sociedad de la Información que busca adaptar la regulación al nuevo marco tecnológico y que, en España, ha supuesto todo un laberinto de negociaciones.

El texto final está levantando ampollas entre la patronal tecnológica y las organizaciones de consumidores e internautas, que consideran abusivas las medidas adoptadas: entre éstas destaca el establecimiento de un canon sobre soportes y equipos digitales, como CD o grabadores de DVD (finalmente se salvan los discos duros y las líneas ADSL).

La lista de aparatos sujetos a la imposición será elaborada conjuntamente por los ministerios de Cultura e Industria y se actualizará cada dos años. También se obliga a pagar por los resúmenes de prensa extraídos de otras publicaciones para compensar a los editores. Otro punto polémico es el establecimiento de las tarifas a aplicar: hasta ahora era facultad de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), pero la nueva ley confiere esta responsabilidad a la propia Administración.