Empleo
El Gobierno central, las comunidades autónomas, los pequeños comerciantes, las patronales de grandes y medianas superficies, los sindicatos y los trabajadores están enfrentados. Y no sólo son muchos los implicados, sino varios los frentes abiertos. La ampliación de los horarios comerciales, la apertura de los días festivos y las dificultades para obtener nuevas licencias dividen las posturas de todos los agentes, que se encuentran ante un horizonte aún por perfilar.
La cadena de hipermercados Alcampo, filial de la francesa Auchan, anunciaba en septiembre de 2001 la paralización de sus inversiones en nuestro país si continuaban las restricciones impuestas por los Gobiernos autonómicos, en clara alusión a la medida adoptada por el Ejecutivo balear para limitar la construcción y puesta en marcha de nuevos centros comerciales en su Comunidad.
El director general de Alcampo, Patrick Coignard, aseguraba un mes más tarde, durante el Congreso de alimentación y distribución organizado por AECOC en Granada, que "las autonomías están llevando a cabo una política antiliberal que frena la competencia y que está destruyendo empleo", para confirmar a continuación la suspensión de las inversiones (722,8 millones de euros) que la cadena francesa de hipermercados tenía previsto realizar en nuestro país en los próximos cinco años.
Ya en 2000, Auchan desvió a Taiwán 87,3 millones de euros que inicialmente estaban destinados a España. Circunstancia que corroboraba el propio Coignard al asegurar que Alcampo iba a desviar a otros países 216,9 millones. A finales de 2001, la cadena de supermercados DIA, filial de Carrefour, también hacía pública su decisión de cerrar, en Palma de Mallorca, su centro de distribución logística, quince tiendas y las oficinas.
En un comunicado la empresa afirmaba: "Al igual que ocurre en otras autonomías, la ley de comercio de la Comunidad Balear dificulta el normal crecimiento de las compañías de distribución, por las restricciones para la concesión de licencias de apertura de nuevos establecimientos, cuestionándose la rentabilidad y viabilidad de los parqués existentes".
La alternativa, como en el caso de Alcampo: el mercado asiático. El presidente y director de DIA, Javier Campo, anunciaba para los próximos cinco años que la empresa iba a invertir 1.205 millones de euros para abrir tiendas en todo el mundo. De hecho, la firma está negociando con las autoridades chinas la apertura de varios establecimientos en Shangai y Pekín.
Los problemas a los que se enfrentan DIA y Alcampo no son casos aislados. La Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) asegura que los Gobiernos autonómicos mantienen bloqueados 182 proyectos que representan una inversión total de nueve mil millones de euros.
Y por su parte, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), organización fundada en 1965 por empresas del sector de la mediana y de la gran distribución como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo y Eroski, entre otras, ha advertido que la puesta en marcha de medidas semejantes puede provocar el desvío de inversiones a otras comunidades.
Los antecedentes
La Ley de Ordenación del Comercio Minorista, aprobada en los primeros meses de 1996 con el consenso de todos los partidos, fijaba el 1 de enero de 2001 como fecha límite para iniciar un proceso de transformación que debía implicar a todo el sector. Con esta norma se pretendía regular cuestiones básicas como la política de licencias para los hipermercados o los días de apertura y horarios, con la transferencia de competencias a las comunidades autónomas.
Antes de que el plazo expirase, el Gobierno del Partido Popular aprobó, el 23 de junio de 2000, un decreto ley en el que se recoge la ampliación de los horarios de 72 a 90 horas semanales y que establece, en el horizonte de 2005, la liberalización total del sector partiendo de un mínimo de ocho aperturas al año en domingo o festivo.
Dada la complejidad de la liberalización, ésta es concebida por parte del Ejecutivo como un proceso escalonado. Así, en 2004 se deben haber alcanzado las doce aperturas creciendo a ritmo de una o dos por año desde las ocho marcadas inicialmente. Otra de las cuestiones que divide al sector es la facultad que la norma da a las comunidades autónomas; ya que, en última instancia, son las que deben adoptar una decisión en cuanto a dichas aperturas. Hecho que, lejos de facilitar el proceso, ha contribuido a empeorar el enfrentamiento.
En opinión de Antonio Bernabeu, representante de ANGED, éste es el quid de la cuestión. "Los temas de comercio están cedidos en su mayor parte a las comunidades autónomas y éste es el origen del problema. El Gobierno central dicta unas normas mínimas que son de obligado cumplimiento para todos, pero son dichas autonomías las que de facto regulan el sector", afirma Bernabeu.
Y continúa, "el primer inconveniente es que los días de apertura hay que consensuarlos con cada una por separado, lo cual es un obstáculo. Además debemos pactarlos con los Observatorios de Comercio, integrados por sindicatos y pequeños comercios, que nos proponen otros días que no nos interesan".
Además, según Bernabeu, hay más inconvenientes. "Por una parte, autonomías como el País Vasco incumplen los mínimos establecidos por la ley un comportamiento que debemos recurrir ante los órganos judiciales competentes y, por otra, cada comunidad decide qué es una gran superficie", añade.
Lo cierto es que la norma otorga un amplio margen de maniobra a las comunidades autónomas que, en última instancia, son las que deben decidir. De este modo, Aragón, Cantabria, Ceuta o Madrid han optado por aumentar el número mínimo de días de apertura obligatoria que marca la ley.
Los que se pasan: el caso madrileño
Madrid se convertirá en la primera autonomía de nuestro país que podría abrir los 52 domingos del año, además de los 14 festivos contemplados en el calendario oficial. Por lo que, en festividades como Navidad, Año nuevo, el 12 de octubre (día de la Hispanidad) o el 9 de noviembre (día de la Almudena) los comercios madrileños podrían permanecer abiertos.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, se ha marcado el objetivo de aplicar en 2003 la liberalización, dos años antes de la fecha propuesta por el Gobierno central. Actualmente, esta autonomía permite la apertura de 18 festivos, cifra que prácticamente duplica el mínimo que recoge la ley diez aperturas para 2002.
Los que no llegan: Baleares, País Vasco y Cataluña
En el extremo opuesto, comunidades como Baleares, País Vasco y Cataluña han optado por dos vías: una aplicación más restrictiva de la norma, que, en algunos casos, está siendo revisada por órganos judiciales, o por la aprobación de leyes propias más coercitivas como en el ámbito balear. El Gobierno de Baleares se niega a abrir más de cuatro domingos al año, muy lejos de los nueve obligatorios para 2001.
Además, desde 1997 el Ejecutivo insular prohíbe la apertura de establecimientos de más de 250 m2 en poblaciones de menos de 3.000 habitantes. Aunque el límite se ampliará progresivamente en localidades mayores, se exige una licencia de apertura a todas aquellas empresas que tengan un número superior a los 250 trabajadores, superen unas ventas anuales de 40 millones de euros o tengan un balance de más de 27 millones de euros.
Además, se ha aprobado una tasa de 30,1 euros por metro cuadrado de nueva superficie. Esta decisión, que ha sido imitada por otras comunidades como Navarra o Canarias, ha sido el detonante de una polémica que ha llevado a algunas compañías del sector de la distribución a anunciar el desvío de inversiones fuera de nuestro país.
Esta normativa balear, que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, ha sido recientemente ratificada y permite a la autonomía continuar limitando la construcción de centros comerciales. Así, los artículos que a partir de ahora estarán vigentes impiden la edificación de nuevos establecimientos en la isla. En Palma, la superficie máxima que podrá autorizarse como actividad comercial es de 1.300 m2, que disminuye de forma progresiva hasta los 250 m2 para los municipios de hasta 3.000 habitantes.
La apertura de comercios quedará limitada a 72 horas semanales y el horario diario no podrá superar las 12 horas. Por último, el Constitucional ratifica también el planteamiento de la ley balear que no consideraba los domingos como días hábiles para el ejercicio de la actividad comercial, a pesar de lo cual, el Ejecutivo ha accedido a abrir cinco domingos o festivos.
El País Vasco, por su parte, vive inmerso en una gran paradoja. En la actualidad, el Gobierno Vasco ha hecho público un documento de trabajo en el que se plantea la apertura de cuatro festivos. Este hecho constituye un contrasentido, porque no existe en la comunidad ninguna regulación que limite las aperturas comerciales, pero en la práctica el sector no abre ningún festivo.
La oposición de los pequeños comerciantes, la presión sindical en las grandes superficies y el escaso interés de los consumidores (apenas un 10% está de acuerdo) son los principales motivos que previsiblemente lograrán que se mantenga la actual situación de autorregulación que vive el sector en el País Vasco.
Una situación complicada a su vez por una legislación que exige una segunda licencia autonómica a todas las grandes firmas que pretenden abrir un comercio de más de 400 m2 y que define gran empresa como aquella que factura más de 40 millones de euros, emplea a más de 250 trabajadores o está participada en un 25% por una compañía de estas características.
En Cataluña, una comunidad tradicionalmente conocida por la fortaleza del pequeño comercio, el Parlament aprobaba en diciembre de 2000 un impuesto que grava a los grandes establecimientos comerciales a razón de 17,42 euros el metro cuadrado que supere los 2.500 m2 (mínimo exento del impuesto) incluyendo la zona de venta, los almacenes y el aparcamiento.
Este tributo, que penaliza de forma distinta a los puntos de venta en función de su situación geográfica y de su número de alturas, prevé recaudar 400.000 euros que se destinarán íntegramente a ayudas para modernizar las tiendas tradicionales de pequeño formato. A este respecto, Ricardo Lage, secretario general de la Confederación Española de Comercio Minorista Autónomo (CECOMA), califica a las grandes empresas de distribución en Cataluña de alarmistas:
"Si hasta el momento han estado disfrutando de una serie de ventajas fiscales y económicas, es lógico que ahora deban contribuir con algo más mediante impuestos" afirma Lage. Y continua, "es curioso, que cuando los grandes han encontrado un obstáculo ponen el grito en el cielo y toman medidas con la misma intensidad que aplican a todos sus actos".
En su opinión: "Han estado disfrutando de comisiones diez veces más bajas que las que hemos podido tener nosotros. También han estado disfrutando de mayores ventajas fiscales y de modificaciones en lo referente a los metros cuadrados de utilización en las salas de exposición y venta, además de ventajas en la cesión de terrenos y superficies por parte de los ayuntamientos. Llegados a este punto, estas medidas no nos parecen tan gravosas".
Sin embargo, las demandas de CECOMA viajan en otro sentido. "Pasan por tratar de persuadir a las Administraciones de la necesidad de regularizar, armonizar y ayudar a conseguir esa transformación que se había prometido para el pequeño comercio y que todavía no ha llegado", puntualiza Lage.
Otra de las cuestiones básicas para CECOMA es la libertad de horarios. A este respecto, Ricardo Lage se muestra tajante: "Entendemos por libertad el horario inteligente. No se trata de mantener los comercios abiertos horas y horas, sino buscar aquellos momentos y circunstancias en las que, con una apertura más racional, se puede atender mejor al público".
En ese sentido, la Ley de Comercio, que rige en todo el territorio español, establece perfectamente la libertad de apertura para el pequeño establecimiento, incluidos los domingos. "Lo que no entendemos, asevera Lage, "es que se pretenda dar esa misma libertad a las grandes superficies que, abusando de sus privilegios y capacidades de gestión de mano de obra, establecen una competencia desleal y se aprovechan de su situación de dominio de mercado".
A este respecto, Antonio Bernabeu, representante ANGED, se muestra contrariado: "Estamos ante un sector absolutamente intervenido y como consecuencia están creciendo enormemente los supermercados y los formatos no regulados".
Las cifras
Y los datos parecen confirmar estas afirmaciones a tenor de las tendencias recogidas en el informe elaborado por la consultora DBK relativo a la situación que atravesaba el sector de la distribución en nuestro país en el año 2000. Entre las tendencias a reseñar, en primer lugar, el importante aumento de la facturación conjunta de supermercados, autoservicios e hipermercados que alcanzan los 46.157 millones de euros.
A subrayar también, el crecimiento de la facturación de los supermercados y autoservicios (7%) por encima de la de los hipermercados (5%) y el desplazamiento de la demanda hacia los supermercados y autoservicios que confirma la tendencia de crecimiento de los establecimientos menos regulados. Sin datos de 2001, la previsión apunta hacia una tasa de variación del 5,7%, cerca de un punto porcentual por debajo de la de 2000.
Dicho incremento daría lugar a una facturación total de alrededor de 4.874 millones de euros. Para el ejercicio 2002 se podría alcanzar un valor de ventas cercano a los 5.096 millones de euros, lo que supondría un incremento del 4,5%. En ambos años se espera que el segmento de supermercados continúe contabilizando una tasa de aumento algo más alta que la de los hipermercados.
A este maremágnum de declaraciones, cifras y desencuentros hay que añadir el toque de atención que la Unión Europea ha dado a nuestro país con relación a la falta de liberalización en los servicios de la distribución del comercio minorista. La Comisión hacía público un informe sobre la evaluación de la puesta en práctica, por parte de los Estados miembros, de las recomendaciones que se habían contemplado en el texto, elaborado en 2001, en el que se recogían las Grandes Orientaciones de Política Económica (GOPE).
En el mencionado informe se certifica que nuestro país ha progresado en la implantación de estas recomendaciones, pero se señala también que España debe impulsar su esfuerzo liberalizador. Bruselas afirma categóricamente que el aumento de la competencia en la distribución minorista en España exige como requisito imprescindible la eliminación de los obstáculos que algunas autoridades autonómicas han planteado al desarrollo de los hipermercados.
Hecho que, en opinión de la UE, está propiciando la fragmentación del mercado a pesar de los esfuerzos que el Gobierno español está realizando para suprimir esas limitaciones. No obstante, la situación dentro de la Unión está muy lejos de ser homogénea. Países como Suecia, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo o Portugal tienen una legislación extremadamente flexible que permite abrir domingos y festivos.
Hay un segundo grupo formado por Dinamarca y Francia que actúa de la misma manera, pero con ciertas limitaciones. España junto a Alemania, Holanda, Italia y Finlandia, se encuentra en el tercer grupo con normativas complejas que no posibilitan dichas aperturas, salvo contadas excepciones. Por último, algunos como Grecia, Bélgica o Austria se rigen por una legislación muy rígida y por lo general no abren.
El paisaje, complicado. Y más aún en un momento en el que, además de los aires de liberalización que soplan por Europa, hay que sumar la adopción de la globalización como la nueva filosofía económica. Un panorama que está por componer. Pero... ¿cómo?
Fuente: Marisa Marcos