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Discurso de la Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez

01/09/2004

”La seguridad será la principal prioridad de Fomento”

La ministra de Fomento Magdalena Álvarez explicó las líneas generales del Ejecutivo que conciernen al sector marítimo ante la concurrida audiencia de la clausura de la Asamblea General de ANAVE (Asociación de Navieros Españoles), celebrada en julio pasado. La seguridad, el equilibrio de los modos de transporte con la promoción de las Autopistas del Mar como protagonistas y la puesta en práctica de una legislación eficaz, clara y perdurable son algunos de los objetivos marcados para esta legislatura.

El diálogo con todas las Administraciones Públicas, instituciones y organizaciones sociales y económicas, la colaboración y la planificación serán las premisas del ministerio de Fomento según palabras de Magdalena Álvarez, la titular de esta cartera. Aprovechando la clausura de la Asamblea General de ANAVE, la ministra informó de que ya se ha comenzado a elaborar el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) que se presentará antes de finalizar el año:

"“Serán objetivos fundamentales de la política de inversiones la modernización de nuestras infraestructuras, la mejora de la calidad de los servicios del transporte, el incremento de la productividad de la economía y de la competitividad de las empresas y la vertebración más equilibrada de nuestro territorio”", apuntó Magdalena Álvarez.

A su vez, explicó cómo en este ámbito el Gobierno responderá a criterios de intermodalidad y sostenibilidad medioambiental y financiera. También destacó el papel del transporte marítimo en la UE de los Quince con un porcentaje del 33% en el total de intercambios comerciales, frente al 64% de la carretera y el 3% de participación del ferrocarril.

Estos porcentajes" —subrayó la ministra— "se incrementan a favor del transporte marítimo a medida que aumenta la distancia. Desde esta perspectiva, debemos ganarle terreno a la carretera en las distancias cortas y medias”. Por tanto, “es necesario impulsar un equilibrio entre los distintos modos, en apoyo del transporte de mercancías por ferrocarril y, especialmente, por vía marítima”", detalló Magdalena Álvarez.

La seguridad, como un concepto integral, va a ser la principal prioridad del Ministerio de Fomento en esta legislatura. Una seguridad que estará presente en el desarrollo de nuevas actuaciones y proyectos y en la conservación de las infraestructuras, y en el ámbito marítimo, con la lucha contra la contaminación y la previsión de riesgos.

Por ello, aclaró Álvarez, “"una de las primeras decisiones que he tomado ha sido la de crear la Agencia Nacional de Seguridad en el Transporte, como organismo autónomo dependiente del Departamento, a fin de abordar de manera más eficaz los complejos problemas ligados a la seguridad, contemplada también desde sus aspectos preventivos y precautorios”".

La Agencia tendrá entre sus funciones: recopilar información sobre accidentes, analizar y profundizar en el conocimiento de sus causas, evaluar riesgos y proponer medidas preventivas adecuadas y efectivas, además de impulsar una acción administrativa más directa en ejecución de las mismas y difundir una cultura de prevención de accidentes y seguridad entre los ciudadanos y los sectores implicados. Además, “"tenemos el propósito de colaborar codo a codo con la recientemente creada Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)”".
 

En el marco de la ley

Por otro lado, al ser derogada parcialmente la Ley de Puertos de 1992 en noviembre del año pasado (aprobada por el Gobierno anterior) y a la vista de los problemas detectados durante los primeros pasos dados para su aplicación, en especial por lo que se refiere al régimen de tasas portuarias, "“debo decirles que se ha puesto en marcha la revisión de los trabajos”".

El pasado 3 de junio, explicó la Ministra, "“bajo el impulso y coordinación de Puertos del Estado, se constituyeron una serie de grupos de trabajo en los que participan todas las Autoridades Portuarias, con objeto de proceder a un análisis de los aspectos más discutibles o conflictivos de la ley y realizar las oportunas propuestas de modificación que, en buena parte, afectarán al régimen de las tasas portuarias”".

Una vez alcanzado el máximo grado de consenso posible entre Puertos del Estado, las Autoridades Portuarias y los agentes sociales y económicos “"se negociará la aprobación de las modificaciones más urgentes, a través de una norma de rango legal con procedimiento de tramitación abreviado. El resto de materias polémicas se estudiarán y analizarán más detenidamente”".

El objetivo es la elaboración de una ley consensuada que recoja y refunda las normas parcialmente vigentes y que garantice de esta manera la seguridad jurídica del sector, “"que viene soportando una acumulación de textos legales que no han logrado los objetivos exigibles de eficacia, claridad y perdurabilidad”".

Un objetivo a lograr es el de conseguir la mejor adecuación posible entre las tasas y el servicio portuario prestado, "“teniendo siempre presente que la reducción del coste del tránsito de la mercancía y del buque en puerto es fundamental para la competitividad del transporte”".

También dentro del apartado legislativo de la política portuaria, se han aprobado dos Directivas en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea celebrado el 11 de junio pasado. El objetivo de la primera Directiva es mejorar la protección de los puertos ante las amenazas contra la seguridad pública dentro de los recintos y ante fenómenos de terrorismo.

Esta norma ampliará a toda el área de servicios portuarios las obligaciones derivadas del Código Internacional de Protección Marítima (ISPS) de la OMI (Organización Marítima Internacional), relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias, que se aplican únicamente, en principio, a determinadas instalaciones portuarias. Este Código entró en vigor el 1 de julio de 2004.

La segunda Directiva autoriza a sancionar, incluso penalmente, las infracciones que supongan los vertidos de residuos contaminantes de buques en navegación en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y alta mar, incluyendo algunos supuestos de vertidos por negligencia.

Pasos fronterizos

Con relación a los pasos fronterizos a Francia, que se concentran un 90% en el de la Junquera y en el de Irún, “"en junio pasado mantuve una reunión de trabajo con mi homólogo francés Giles de Robien, en la que abordamos la cuestión de las conexiones transfronterizas entre ambos países, a fin de estudiar la redistribución de los tráficos e impulsar el reequilibrio entre los modos de transporte”".

El ministro francés manifestó su total disposición y la de su Gobierno, para dar mayor fluidez y permeabilidad a la frontera, pero valorando también las Autopistas del Mar como una alternativa necesaria a desarrollar:

"“Para ello es necesario aumentar la productividad y reducir los costes de transferencia modal en los puertos, que tienen un peso relevante en el coste generalizado del transporte y compensan negativamente el menor coste unitario del arco de transporte marítimo”", matizó la ministra.

En cuanto a la intermodalidad y el reequilibrio de los modos, “"vamos a dar un impulso decidido a las conexiones portuarias por ferrocarril y por carretera, de manera que los puertos sean intercambiadores intermodales eficaces y puedan desarrollar plataformas logísticas asociadas”".
 

La seguridad como objetivo

En lo relativo a la aplicación efectiva de la seguridad, como país ribereño y de obligado tránsito para un elevado número de buques, cuyo destino no son los puertos españoles, "“tenemos que apoyar todas las medidas tendentes a mejorar los controles de los buques y a prevenir los accidentes, como las de introducción de grupos de evaluación de emergencias e intervención rápida y el aumento de los límites de las indemnizaciones a perjudicados en casos de contaminación”".

Por lo que respecta a las ayudas para apoyar al sector, "“vamos a estudiar un nuevo paquete de medidas económicas y financieras, que tendrán como objetivo principal incentivar la mejora de la seguridad y la calidad de nuestra flota”". En cuanto al sistema de avales del Estado a la inversión en buques, cuya rigidez en las condiciones de aplicación ha hecho que no se utilice en la práctica, “"tenemos prevista la revisión de la norma actual que los regula para lograr una mayor firmeza en su aplicación”".

Dentro del marco de las ayudas del Estado, el Ministerio también quiere estudiar la posibilidad de suavizar el efecto que para los navieros españoles puede tener la eliminación de los petroleros de casco sencillo, exigida por razones medioambientales y por la necesidad de aumentar la seguridad marítima.

Para concluir su intervención, la ministra Álvarez matizó que “"la búsqueda de soluciones que permitan hacer frente al futuro del transporte marítimo y del sector naval es responsabilidad de todos nosotros y esta tarea será más eficaz si aunamos esfuerzos en un continuo proceso de cooperación y diálogo para lograr una correcta planificación y una gestión más eficiente”".


Fuente: Discurso ofrecido por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento, durante la clausura de la Asamblea General de ANAVE (Asociación de Navieros Españoles) celebrada en julio pasado.


Las peticiones de ANAVE al Gobierno

El presidente de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE) Juan Riva ha solicitado la cooperación del Gobierno con el fin de alcanzar los objetivos que desde la entidad se han propuesto:"“La aplicación del Código Internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (en vigor desde el 1 de julio pasado); el refuerzo de la imagen pública del sector; el cumplimiento de las normas existentes de apoyo al sector para aumentar su eficacia, por un lado.

Por otro,"el desarrollo de las Autopistas del Mar, para lo cual es necesario moderar las tasas portuarias —en la última modificación han aumentado sensiblemente sobre las empresas navieras— y la promoción de la inversión para la renovación y ampliación de la flota, entre otros aspectos, para apoyar el empleo”". Una solicitud que Juan Riva aprovechó para exponerla durante la clausura de la Asamblea General de ANAVE, celebrada en Madrid en julio pasado, y a la que asistió la ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

El presidente de ANAVE comenzó su intervención dibujando una radiografía del sector: "“El empresario naviero tiene una idiosincrasia muy particular, caracterizada por un fuerte componente vocacional, con frecuencia de origen familiar. Pero en los últimos años, este empresariado también se ha rejuvenecido y profesionalizado notablemente”". Además, recordó el papel del transporte marítimo en la actual economía globalizada, como un medio de grandes masas, largas distancias, eficaz, económico y seguro.

"“Las instituciones de la UE”", dijo Juan Riva,“"están convencidas de que el futuro crecimiento sostenible de Europa pasa necesariamente por aumentar de forma progresiva la cuota de participación del transporte marítimo en el comercio interior de la Unión porque, de lo contrario, las infraestructuras terrestres se saturarán sin remedio en pocos años”".

De ahí surgen iniciativas como la puesta en marcha de las Autopistas del Mar, una de las prioridades tanto de la ministra de Fomento como de la Presidencia holandesa de turno en la UE. El transporte marítimo mueve en España anualmente unos 280 millones de toneladas, que suponen el 70% de nuestras importaciones y casi el 20% de las exportaciones, además de casi 40 millones de toneladas en tráfico de cabotaje entre puertos españoles.

"“Una actividad en claro crecimiento, como lo demuestra el dato de que el tráfico de carga en los puertos nacionales haya aumentado un 55% en los últimos 10 años”", apuntó Juan Riva. Sin embargo, tal como aseguró, la opinión pública española tiene una imagen distorsionada e incluso devaluada del transporte marítimo.

Con el objetivo de reforzar esta imagen del sector, ANAVE ha puesto en marcha un plan de comunicación de ámbito general. “"Salvo los medios especializados, no se conoce el papel esencial que juega en nuestra economía, ni sus elevadísimos niveles de eficacia medioambiental y de seguridad, ni que las empresas navieras españolas constituyen un sector dinámico, que está apostando muy fuerte por su futuro, renovando su flota con buques modernos y de muy avanzada tecnología”".

En otro orden de cosas, el presidente de la asociación subrayó ante la ministra, que aunque "“disponemos de más de 40 puertos de cierta importancia, la flota operada por las empresas navieras españolas es la número 26 del mundo, muy por detrás de la de países europeos con un comercio marítimo sensiblemente inferior al nuestro, como Grecia, Noruega, Dinamarca, Suiza, Bélgica, Suecia y Holanda y por supuesto como Alemania, el Reino Unido o Italia”".

Pero, desde hace nueve años que los navieros nacionales están realizado cuantiosas inversiones: en enero de 2004, controlaban un total de 308 buques mercantes de transporte, con más de tres millones y medio de toneladas de arqueo bruto, un 8,3% más de tonelaje respecto a 2003 y un 40% más respecto a los últimos cinco años.

El aumento de la flota y de la actividad de transporte originan, además de un considerable volumen de nuevas construcciones, un crecimiento del empleo y una generación de negocio en muy diversos servicios como los bancarios, de seguros, jurídicos, etc. :

"“Teniendo en cuenta que el comercio marítimo nacional está creciendo de forma significativa y que la participación de las navieras españolas en el mismo no supera actualmente el 20% es evidente que existe un notable potencial para que esta evolución favorable del sector se prolongue, si se dan las condiciones adecuadas”", añadió Riva.

Dichas condiciones son: "“Un marco jurídico que permita operar en unos términos de costes competitivos en el mercado y un tratamiento fiscal que haga atractiva la inversión en nuestro sector”", puntualizó.

Por otra parte, para que el negocio siga su ritmo de crecimiento y lo incremente, “"debemos aplicar eficazmente las disposiciones legales en la práctica administrativa diaria, de tal forma que sea posible extraerles todo su potencial, porque en este campo tenemos mucho terreno para la mejora”".

Y señaló, "varias de las medidas legales, que en muchos casos costaron grandes esfuerzos conseguir, como avales estatales, el impuesto sobre el tonelaje, la amortización acelerada, exenciones de practicaje, etc. casi no se aplican o lo hacen en muy poca medida, puede que por falta de recursos humanos en el departamento de la Administración correspondiente, por falta de comprensión de nuestros problemas o por falta de acierto...”.".

A lo que añadió que "“no necesitamos grandes medidas legales, pero sí la aplicación eficaz de las que ya tenemos"”. Para continuar, el presidente de ANAVE solicitó al Gobierno la confianza en el potencial del sector y una voluntad decidida de apoyo mediante el uso eficaz de los instrumentos existentes.

Del mismo modo, Juan Riva aprovechó para hacer una petición singular: que en la revisión del capítulo de tasas de la reciente Ley de puertos “"se evite aumentar nuevamente el peso de estas tasas sobre las empresas navieras, porque, de otra forma, se estaría poniendo en peligro el desarrollo del transporte marítimo, en especial el de corta distancia y las llamadas Autopistas del Mar”".

Respecto al campo de la seguridad, el presidente de la asociación remarcó que el transporte marítimo es una actividad intrínsecamente internacional y que por tanto requiere una regulación en materia técnica y de seguridad también internacional, "“cuyo desarrollo y actualización ha sido encomendada por las Naciones Unidas a la Organización Marítima Internacional (OMI)”".

Además, insistió en que, "“la UE debería sobre todo esforzarse por mejorar tanto la normativa de la OMI como sus mecanismos de control para que se apliquen cada vez con un carácter más global”". En cuanto a la acogida en puertos o zonas de refugio, manifestó que “"España debería alinearse plenamente con la política que se adopte en la OMI y en Europa y renunciar a desmarcarse de la misma con medidas nacionales que, en general, no aportarían más que mucha confusión y poco valor añadido"”.