Empleo
Han pasado varios meses desde que el Consejo de Ministros aprobara el informe sobre el anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.El documento recoge las principales reivindicaciones de este colectivo, integrado por más de tres millones de trabajadores.Se espera que entre en vigor en mayo de 2007.
E l pasado 29 de septiembre, el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo. Se trata de una reforma ratificada por las dos organizaciones mayoritarias de trabajadores en España: la federación de asociaciones ATA y la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA).
“Para nosotros, esta norma responde a la más antigua e importante reivindicación del colectivo, mantenida durante 30 años. La aprobación de un Estatuto, que, con carácter global, se refiera al trabajo autónomo, aportando elementos de seguridad jurídica y de tutela,se hacía imprescindible para un colectivo olvidado por el ordenamiento legislativo”, afirma María José Landaburu, secretaria ejecutiva de UPTA-España y directora del departamento jurídico de esta asociación.
Grandes olvidados
En la Constitución no se hace referencia exacta al trabajo por cuenta propia, aunque sí se recogen en algunos de sus puntos derechos aplicables a los trabajadores autónomos: el artículo 38 reconoce la libertad de empresa; el artículo 35 dispone, para todos los españoles, el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y de la familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación de sexo.
En el artículo 40 se establece que el Estado velará por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizará el descanso necesario mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados; finalmente, el artículo 41 deja en manos de los poderes públicos el mantenimiento de la Seguridad Social.
De todas formas, los apartados anteriores se dirigen al trabajador en general. Son derechos de los que pueden disfrutar todos los españoles, si bien ningún punto habla en concreto del autónomo.Ésta es la situación que pretende corregir el nuevo Estatuto.
El primer aspecto que trata el anteproyecto es la definición de trabajador autónomo, detallando su perfil como “toda persona física que realice de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección u organización de un tercero, una actividad económica o profesional a título lucrativo, dando o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena”. En este sentido, cabe destacar a aquéllos que tienen dos o menos trabajadores a su cargo, que son 2,2 millones de emprendedores.
La secretaria ejecutiva de la UPTA se muestra muy esperanzada ante la definición: “La propia existencia, por primera vez,de una norma jurídica que define el trabajo autónomo es ya un avance importantísimo para este grupo”, analiza María José Landaburu.
Derechos y deberes
El nuevo Estatuto formula un catálogo de derechos y deberes de los trabajadores autónomos: igualdad y no discriminación así como el derecho a la conciliación del trabajo y la vida personal y familiar. Por otro lado, tampoco se olvida de los derechos grupales, reconociendo el de asociación y el de ejercer una defensa conjunta de los intereses profesionales:
“Sin duda, el reconocimiento de estos derechos individuales y colectivos; la regulación del trabajo autónomo dependiente y la especial tutela que a estos trabajadores se otorga; así como las novedades en materia de protección social supondrán mejoras significativas para las condiciones de vida y trabajo de los autónomos”, asegura la secretaria ejecutiva de UPTA.
A partir de estos puntos, se establecen las bases para la aceptación de la representatividad de las asociaciones de autónomos a través de unos criterios estipulados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La ley presenta una equiparación paulatina del régimen de la Seguridad Social de los autónomos respecto al sistema general, ofrece más seguridad jurídica para los contratos, la posibilidad de disfrutar de servicios legales gratuitos en los litigios, el aumento de la protección por enfermedad o el cobro de desempleo.
Entre las novedades del Estatuto destaca el reconocimiento del derecho a la jubilación anticipada para aquellos autónomos que desarrollen actividades de naturaleza tóxica, peligrosa o penosa. Otro aspecto destacable del anteproyecto es la creación de un Consejo Estatal del Trabajo Autónomo, donde estará localizada la participación institucional de las asociaciones de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas además de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
“La interlocución del colectivo, su presencia y participación en la toma de decisiones legislativas y de gobierno que puedan afectarles, se prevé plural. No es sólo una necesidad democrática, sino que constituye además un progreso para seguir avanzando en las políticas que nos afecten”, concluye Landaburu.
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UN AÑO DESPUÉS DE LA LEY VERDE
Hace poco más de un año que se aprobó el Real Decreto Ley 208/ 2005, RAEE, sobre la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos. Muchas son las opiniones que se han vertido sobre la norma conocida como ley verde, que pretende prevenir la contaminación que causa la fabricación de los aparatos eléctricos desde la fase de diseño hasta la de fabricación, además de gestionar los residuos para reducir su impacto en el medio ambiente.
Visión crítica
Después del tiempo transcurrido, no todos los implicados hacen un análisis positivo. Las críticas se concentran en las distintas acciones de las comunidades autónomas. Asociaciones como AETC (Asociación Nacional de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España) o ASIMELEC (Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica y Comunicaciones) piensan que la Administración tiene que ejercer un papel más activo a fin de garantizar una rápida y eficaz aplicación de la ley.
El principal problema radica en la acreditación de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) que, o es nula, o muy lenta, dependiendo de la comunidad autónoma; por ello, hasta que no se solucione este punto, el impacto medioambiental de los residuos electrónicos seguirá aumentando.
Así pues, para que la ley comience a tener frutos visibles, no sólo los organismos públicos deben poner de su parte. La efectividad depende de todos los actores: Administración, fabricantes, canal y consumidores.
PROTECCIÓN SOCIAL
Las medidas que se quieren aplicar buscan la convergencia entre el Régimen Especial de Trabajadores y el Régimen de la Seguridad Social: protección por incapacidad temporal, enfermedad profesional y contra accidentes laborales, así como reducciones y bonificaciones para: - Quienes trabajen en dos sitios distintos y coticen por encima de la base máxima del Régimen de la Seguridad Social, sumando ambas cotizaciones. - Los hijos de los trabajadores menores de 30 años que inicien trabajo autónomo en la empresa del padre o la madre. - Trabajadores autónomos de actividad ambulante o a domicilio. - Para permitir la jubilación anticipada.